Comisión del Congreso aprueba iniciativa para mejorar Certificación Ambiental de Inversiones

Con la finalidad de mejorar los controles y Certificación ambiental en Perú, la Comisión de Pueblos Andinos, que preside el congresista Marco Arana Zegarra, aprobó una iniciativa que tiene como objetivo ayudar a las Inversiones Sostenibles.

Desde el Congreso peruano informaron que para efectos de la presente ley, se modificará parte del artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles en el Perú (Senace), donde se establece que se podrá excluir estudios de impacto ambiental detallados que se realizarán a través de mecanismos de regulación a través de Decretos Supremos.

Se establecería que el Senace se encargará de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados y regulados por ley del mismo sistema, así como sus normas reglamentarias, que comprenden los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, de alcance nacional y multirregional que impliquen actividades, constructoras, obras y entre otras actividades comerciales y de servicios que puedan causar impactos ambientales significativos.

Mejorar condiciones

Los parlamentarios Marco Arana, María Foronda Farro, Tania Pariona Tarqui, César Villanueva Arévalo, Mártires Lizana Santos, y Tamara Arimborgo Guerra, entre otros representantes, reconocieron la necesidad de mejorar las condiciones de operatividad del Senace para la toma de decisiones en este campo.

“Resulta de mucha importancia que cualquier actividad extractiva que genere algún nivel de impacto negativo cuente con una evaluación adecuada para este caso, con el principal objetivo de garantizar la protección del derecho fundamental de todas las personas a contar con un ambiente equilibrado y adecuado”, refirió el titular de ese grupo de trabajo, Marco Arana.

Otro aspecto a señalar es que en el proceso de evaluación, éstas no deberían ser realizadas por las entidades encargadas de la promoción de las actividades, a fin de garantizar una actuación imparcial de los evaluadores. Así lo indica el propio Senace.