Lunes, 25 de Noviembre del 2024
Sugirió la aplicación de la pena de inhabilitación para trabajar en las instituciones educativas o en la administración pública en general a aquellas personas que hayan sido condenadas por el delito de violación sexual.
Planteó, además, la modificación del artículo 170 del Código Penal, que tipifica el tipo base del delito contra la libertad sexual, para aumentar la pena de cárcel a quienes cometan este ilícito cuando la víctima sea mayor de edad.
Propuso, a su vez, prohibir los beneficios penitenciarios si aún son concedidos en estos casos.
Iniciativa legislativa
Empero, expresó que estos cambios deben operarse mediante la aprobación de una iniciativa legislativa.
Para tal efecto, corresponde a un congresista presentarla o a cualquier ciudadano proponerla a los parlamentarios o incluso puede gestarse desde el PJ.
En entrevista en un programa televisivo, Rodríguez Tineo recordó que para los casos graves de delitos de violación sexual cometidos contra menores de edad ya no existen beneficios penitenciarios.
Comentó que las sentencias judiciales correspondientes a casos contra la libertad sexual disponen que los condenados por este delito sean sometidos a tratamiento terapéutico.
Sin embargo, advirtió que por múltiples razones el Estado no puede cumplirlas a cabalidad.
Pena de muerte
A juicio del titular del PJ, la pena de muerte no ha demostrado estadísticamente la disminución de los índices de criminalidad en los delitos atroces.
Países como Estados Unidos, en la mayoría de sus estados, están superando esta situación, en tanto que China, donde era aplicada para los delitos de corrupción, ahora retrocede.
Así, si el Perú decidiera aplicarla, habría dificultades normativas porque el Estado tendría que denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, que también castiga los delitos de lesa humanidad.
“Es un tema muy serio que no hay que reducirlo simplemente al estado de ánimo de la población”, subrayó.
Convenio de cooperación
Para favorecer el acceso a la justicia de las víctimas de violencia basada en género, Rodríguez Tineo suscribió un convenio marco de cooperación interinstitucional con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), representado en nuestro país por María Elena Zúñiga Herrera. El acuerdo permite que el UNFPA capacite primordialmente a los magistrados tanto en enfoque de derechos humanos y género como en los ejes claves para la adecuada administración de justicia.
