Viernes, 8 de Noviembre del 2024
En 2011, las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, publicó el plan mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, hasta el 2020. La principal meta: reducir a la mitad el número de fallecidos por los accidentes de tránsito. El objetivo está ligado al marco de Sendai, otro acuerdo mundial que promueve un desarrollo sostenible a través de la prevención de riesgo de desastres y ciudades seguras.
Sin embargo, desde hace 26 años las normas y la regulación no han sido suficientes para acabar con las muertes y los heridos provocados por la inseguridad en las pistas.
María Edith Baca, consultora en la Organización Panamericana de la Salud, parte de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), sobre los retos y obstáculos que tiene el Perú para reducir el número de fallecidos y heridos.
¿En qué momento la Organización Mundial de la Salud se da cuenta del impacto que tiene la falta de políticas públicas para la seguridad vial?
La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial lanzaron conjuntamente el Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito en 2004. Este estudio se realizó con la data recogida en los países que tenían una metodología para contabilizar los fallecidos y los heridos. Reveló que morían 1.2 millones personas al año y 500 millones quedaban con traumatismos severos.
¿En Perú cuál es la cifra de fallecidos?
Al año, dos mil personas fallecen por inseguridad ciudadana. Este panorama es preocupante y se debe reducir esta cifra. Sin embargo, tres mil peruanos mueren por falta de seguridad vial en el país. Es decir que a pesar de tener mil muertes más, esta problemática no tiene respuesta en materia de prioridad política.
¿Conseguiremos reducir estas cifras?
Con liderazgo, fiscalización y marco legislativo. La regulación debe atravesar todos los niveles del Estado. La voluntad política, inversión y articulación son clave. Porque no es solamente tener políticas sectoriales, sino articuladas y multisectoriales.
¿Cuáles son los obstáculos?
Existe un conjunto de barreras que no se resuelven. Para asegurar la gestión se debería crear una entidad encargada de la seguridad vial. En Perú existe el Consejo Nacional de Seguridad Vial. Pero la legislación no es suficiente. Es necesario el seguimiento de la implementación.
Al Consejo Nacional de Seguridad Vial le falta liderazgo. Le ha costado bastante la elaboración de un plan multisectorial de seguridad vial. El actual se terminó un año antes de que acabe la gestión anterior, que se fue sin aprobarlo. Esta nueva gestión ha actualizado el plan, pero aún no se ha aprobado.
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¿Qué ha faltado para que el Consejo Nacional de Seguridad Vial se convierta en autoridad?
Voluntad política. Hubo liderazgos importantes que mejoraron la política pública. Pero en estos momentos no hay un liderazgo político. Existe mucha competencia técnica. La secretaría técnica es competente, pero si no lo acompaña un liderazgo no es posible hablar de igual a igual con el Consejo de Ministros, por ejemplo.
¿En qué temas debería el Perú hacer más esfuerzos?
Nuestro país debería fortalecer la institucionalidad en seguridad vial. Trabajar en la infraestructura y vehículos seguros. Proteger a los usuarios vulnerables; por ejemplo, los motociclistas. El informe sobre la seguridad vial en Latinoamérica publicado en 2016 reveló que el 20% de las muertes fueron motociclistas. A ellos les cuesta usar el casco. En Colombia, por ejemplo en Cali, todas las motos sin excepción tienen casco: el piloto y el copiloto.
Además de ello, existe un riesgo de transgresión con las multas si es que estos montos no son cobrados y se acumulan. Por ejemplo en España, se redujo el monto de las multas. De esta manera el monto hace que sea posible pagarlas. Son efectivas. Nadie se libra de la multa.
¿Cuáles son los países que han progresado más en nuestra región en seguridad vial?
Argentina, Brasil, Chile y México mejoraron su legislación. La idea es que estos modelos adaptados a cada país sirvan para no repetir los mismos errores.
¿Qué han hecho ellos?
Han mejorado los sistemas de información y el marco legislativo-regulatorio para afrontar los factores de riesgo. Invirtieron en la creación de una agencia de seguridad vial líder que tiene la fuerza política para tomar decisiones tanto en la articulación de escenarios públicos como privados.
