Sábado, 23 de Noviembre del 2024
Un día después del asalto de un grupo chavista a la Asamblea Nacional, que dejó varios diputados heridos, la indignación de la oposición venezolana crecía este jueves arropada por las condenas de los Gobiernos de América Latina y Europa, y paralelamente ahondaba las brechas en el chavismo. Además, la cercanía de la elección, el día 30, de una Asamblea Constituyente con la que Nicolás Maduro pretende cambiar la Carta Magna y desactivar a la oposición, agudiza el enfrentamiento entre ambas partes. Sin diálogo político, Venezuela se asoma al abismo.
La condena por el ataque al Parlamento, en el que entraron el miércoles con palos y cuchillos decenas de manifestantes partidarios de Maduro, ha unido al chavismo crítico y a la oposición. Varios exministros del Gobierno de Hugo Chávez han calificado la violenta incursión y el posterior asedio al edificio, que se extendió durante horas, como una expresión que nada tiene que ver con el legado del fallecido líder bolivariano.
En esa soterrada disputa por deslindar la herencia de Chávez de la deriva del presidente Nicolás Maduro, el último en sumarse a la lista de desertores ha sido el exministro de Finanzas Rodrigo Cabezas. “Ese salvajismo primitivo e irracional no es venezolano y, por tanto, tampoco del pueblo que siguió a Chávez”, afirmó.
La tensión entre críticos del chavismo y el régimen se agudiza. La fiscalía negó este jueves la entrada a su sede a la vicefiscal general, Katherine Harrington, designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo control del Gobierno, y a la que no reconoce la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ahora una de las voces más críticas con el Ejecutivo.
La llegada de Harrington, que figura en una lista de sancionados del régimen por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue todo un culebrón seguido por reporteros y televisiones. La nueva vicefiscal dejó en la verja del edificio una carta firmada por el presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, para notificar la sentencia que avala su nombramiento. Ante la tensión, Ortega Díaz se adelantó a responsabilizar al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y a la Guardia Nacional de lo que pueda ocurrir a los trabajadores de la fiscalía. “Denunciamos la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el TSJ de ingresar al ministerio público”, escribió Ortega Díaz en Twitter.
La puesta en escena revela hasta qué punto en Venezuela están confluyendo vías institucionales paralelas. La del Supremo y el Gobierno, por un lado, que rechazan y consideran ilegales todos los actos de la Asamblea Nacional; y, por el otro, la de la fiscalía y el Parlamento, que, a pesar de las circunstancias, se aferran a sus competencias e intentan buscar fórmulas legales para sortear los fallos judiciales con los que el régimen busca arrinconarlos.
La guerra de poderes aboca al país a una crisis inédita en su historia reciente. El último choque, con el ataque al Parlamento, agrava aún más la situación y ha generado el rechazo internacional. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó este jueves al consejo permanente del bloque, que recientemente no logró ponerse de acuerdo para condenar al régimen de Maduro, una sesión extraordinaria “para abordar los recientes acontecimientos de la crisis política” en Venezuela.
Los venezolanos, mientras, han tenido que acomodar sus horarios a las protestas diarias, los cierres de calles o a los registros de la policía a la caza de quienes organizan los disturbios. Pero las protestas no cesan. El martes hubo disturbios en varios sectores populares de Caracas. En San Juan, en el centro de la capital, falleció un supuesto miembro de las milicias chavistas en medio de choques con grupos delictivos que aprovechan la inseguridad para dirimir sus diferencias con la policía. Esta muerte se suma a las más de 90 registradas en estos últimos tres meses de conflicto.
