Domingo, 24 de Noviembre del 2024
Bruselas, 21 jun (EFE).– Representantes de ONG, especialistas y eurodiputados reclamaron hoy en una audiencia especial de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (PE) compensación y justicia para alrededor de 200.000 mujeres indígenas de Perú que fueron esterilizadas sin su consentimiento.
Los expertos expusieron el caso de las víctimas, mujeres la mayoría indígenas quechuas y maras a las que se ligó las trompas en condiciones de insalubridad y sin verdadero consentimiento entre 1996 y 2000 dentro de un supuesto plan de control de la natalidad e igualdad de género dirigido por el expresidente Alberto Fujimori.
Reclamaron un completo registro único de víctimas con acceso a reparación, así como una investigación por parte del Gobierno de lo ocurrido, que los participantes en la audiencia de la Eurocámara consideraron debe calificarse como genocidio, al ir el programa de esterilización dirigido a mujeres indígenas, principalmente.
Blanco Valer, especialista en asuntos indígenas del Grupo de Solidaridad con América Latina, explicó cómo el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori se propuso acabar con la pobreza con la esterilización masiva no consentida a mujeres que no comprendían los efectos de la intervención quirúrgica que se les iba a practicar.
La mayoría, explicó, no comprenden el español, son pobres y analfabetas, y accedieron sin consentimiento a la esterilización con amenazas.
Tanto las autoridades regionales como los centros médicos y los propios sanitarios de las áreas rurales donde se realizaron las esterilizaciones masivas tenían cupos e incentivos para llevar las intervenciones a cabo, ligadura de trompas que en muchos casos se realizaban “en condiciones infrahumanas, en la propia mesa de la cocina”, denunció Valer, que recordó que ha habido centenares de muertes derivadas de esos actos.
Por su parte, la investigadora social de asuntos de género y derechos humanos en Bélgica Carmen Nuñez-Borja calificó los hechos ocurridos hace alrededor de veinte años como “caso flagrante de atropello a los derechos humanos, y en especial a los derechos de las mujeres”.
También la congresista peruana María Elena Foronda, que intervino por videoconferencia, reclamó al Parlamento Europeo presión política para que el Gobierno peruano haga una amplia investigación, persiga a los culpables y resarza a las víctimas.
Esa demanda fue recogida por el presidente de la subcomisión de Derechos Humanos del PE, que reclamó a Perú “verdadera acción política” contra lo sucedido, y lanzó el mensaje al Ejecutivo en Lima de que “el país que no recuerda su pasado, está condenado a repetirlo”.
El eurodiputado español de los Verdes Jordi Solé se mostró crítico tras escuchar a los presentes porque “Fujimori pretendiera acabar con la pobreza no atajando sus causas, sino directamente eliminando a los pobres”.
Fuentes del Servicio de Acción Exterior Europeo recordaron que con el acuerdo comercial de la UE y Perú vienen unas salvaguardas de derechos humanos que Perú debe cumplir.
Desde la embajada de Perú ante la UE, lamentaron por su parte unos hechos que dijeron “nunca deben volver a repetirse”.
Al mismo tiempo señalaron los esfuerzos de investigación, registro y reparación a las víctimas.
“El Gobierno lamenta lo sucedido y se solidariza con las víctimas y sus familiares y espera poder adoptar todas las medidas a su alcance, señaló en la Eurocámara el embajador de Perú, Gonzalo Gutiérrez.
Fujimori se encuentra en prisión por corrupción y graves violaciones de derechos humanos, según su condena de 25 años de cárcel, dictada en 2010.
Fue el presidente de Perú entre 1990 y 2000. Las esterilizaciones comenzaron a denunciarse por víctimas y diversas organizaciones desde 1996.
