Martes, 12 de Noviembre del 2024
Caracas, Venezuela
AFP
Grupos de jóvenes con rostros cubiertos lanzaron piedras y cócteles molotov contra las oficinas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Chacao, este de Caracas, desatando las llamas en la fachada.
Al final de la tarde, una inmensa columna de humo negro se alzaba sobre el edificio, de cuatro pisos y donde también funciona una sucursal bancaria.
Confrontación
La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, arreció su confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro, al acusar al máximo tribunal de justicia de agravar con su parcialidad la violenta crisis que sufre Venezuela desde hace dos meses y medio.
Ortega, confesa chavista ahora considerada “traidora” por el Gobierno, impugnó ante el TSJ la designación de 33 de sus magistrados, por considerar que esa designación se produjo en un proceso “irregular”, en diciembre del 2015, por el entonces saliente Parlamento de mayoría oficialista.
“La falta de legitimidad de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad; es, sin duda, un factor que ha contribuido a que el TSJ no dé soluciones efectivas al país, sino por el contrario: de lo que se encarga es de acelerar la crisis”, declaró la fiscal.
La oposición siempre ha acusado al TSJ de servir al Gobierno, pero los señalamientos de la fiscal vienen a profundizar no solo las fracturas del chavismo, sino también la severa crisis institucional que vive Venezuela.
La politización de la justicia
En una maratónica sesión extraordinaria, en víspera de la Navidad del 2015, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialismo, nombró y juramentó a 13 magistrados titulares (de un total de 32) y 20 suplentes.
Luego, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomó el control legislativo.
“Espero que el tribunal entre a decidir esta nueva solicitud que estoy haciendo y que se inhiban los [33] magistrados involucrados”, manifestó Ortega.
Rechazo
La decisión del Supremo venezolano de desestimar un recurso introducido por la fiscal general, Luisa Ortega, en contra de la convocatoria a una Constituyente y la solicitud de la funcionaria de anular la designación de 33 magistrados marcó una nueva ola de protestas.
“Por inepta acumulación de pretensiones, la Sala Electoral del TSJ declara inadmisible recurso ejercido por Luisa Ortega Díaz”, indicó la máxima corte.
