Martes, 5 de Noviembre del 2024
El proceso abierto por el fiscal Janot no equivale exactamente a un impeachment, pero en la práctica coloca a Temer en una situación muy similar. La denuncia tiene que ser avalada por al menos dos tercios del Congreso y su aceptación dejaría al país sin presidente de forma temporal. Temer se encuentra en una circunstancia parecida a la de Rousseff, de la que fue vicepresidente y contra la que maniobró el pasado año para derribarla. Aunque, a diferencia de su antecesora, tiene más posibilidades de salir vivo del Congreso, donde una parte importante de los parlamentarios -y la inmensa mayoría de los partidos- está enfangado también en graves acusaciones de corrupción.
Collor de Mello y Rousseff acabaron destituidos pero en su caso se trató de procesos políticos, no de una actuación de la justicia con una denuncia formal que imputa al presidente un delito común, el cobro de sobornos. No es lo único en lo que Temer ha conseguido empeorar las marcas de los dos mandatorios depuestos por la vía del impeachment. Ni Collor ni Rousseff habían llegado a cosechar un índice de popularidad tan raquítico como el del actual presidente, apenas el 7%, según una encuesta de la mayor empresa de sondeos del país, Datafolha, publicada el pasado domingo. En su peor momento, Rousseff tenía un 13% de aprobación. Y su entonces vicepresidente Temer llegó a proclamar en público que alguien con tan escaso apoyo popular no podía mantenerse en el cargo.
Año y medio después, Temer ha optado por atrincherarse pese a la ferocidad de la tormenta. Este lunes, cuando ya todo el mundo esperaba que Janot concretase su denuncia, Temer afirmó en una ceremonia en el palacio presidencial de Planalto: “Nada nos destruirá. Ni a mí ni a nuestros ministros”. Ocho de esos ministros están también siendo investigados por corrupción.Y casi no hay día en que no aparezca una noticia bochornosa para el Gobierno, incluso con tintes entre inauditos y rocambolescos: la última, revelada este lunes por el Ejército del Aire, es que un helicóptero interceptado con 500 kilos de cocaína había despegado de una finca de la empresa familiar del ministro de Agricultura, Blairo Maggi.
La denuncia contra el presidente viene acompañada de demoledores informes del propio fiscal y de la policía federal. Janot acusa a Temer de corrupción pasiva porque, basándose en la confesión pactada del dueño del conglomeradoro cárnico JBS, Joesley Batista, y en las posteriores comprobaciones policiales, concluye que el presidente pactó con el empresario el cobro de sobornos a cambio de favores del Gobierno. Y todo eso, el pasado marzo, cuando el país asistía atónito a otra confesión, la de los directivos de la constructora Odebrecht, que detallaron una gigantesca red que había corrompido a lo más granado de la clase política del país. La prueba principal para la fiscalía es el caso del ya famoso “diputado de la maleta”, Rodrigo Rocha Loures, asesor especial del presidente. Temer había señalado a Batista que Rocha Loures sería su contacto para negociar beneficios del Gobierno, como atestigua una conversación entre ambos grabada por el empresario en la residencia oficial del mandatario. Poco después, la policía filmó al asesor de Temer recibiendo de un ejecutivo de JBS una maleta con 500.000 reales (unos 150.000 dólares). En un intento desesperado por frenar la investigación, el presidente intentó que la grabación de Batista fuese descartada alegando que había sido manipulada. Pero el peritaje policial acreditó su veracidad.
El ex ministro de Hacienda de los Gobiernos del PT y hombre fuerte de los Gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, Antônio Palocci, ha sido condenado este lunes a más de doce años de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. En este proceso (el ex ministro petista tiene otros pendientes) estaba acusado de haber favorecido a la constructora Odebrecht en contratos con Sete Brasil y para un astillero destinado a la construcción de sondas de perforación marítima. En la sentencia, el juez Sérgio Moro, responsable de los procesos que tienen que ver con el caso Lava Jato en Curitiba, afirma que Palocci movió más de 10 millones de de dólares en sobornos, valiéndose de cuentas en el exterior. Esta es la primera condena de Palocci por el esquema de corrupción de Petrobras, lo que acrecienta las expectativas para que se concrete su acuerdo de delación premiada que negocia con la Fiscalía desde principios de año.
Esa grabación dará pie al fiscal a presentar en los próximos días al menos otra denuncia contra Temer por obstrucción a la justucia. De algunas partes de la conversación los investigadores deducen que el presidente pudo haber dado su aprobación a pagos del empresario Batista para comprar el silencio de un antiguo aliado político de Temer, el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, uno de los grandes muñidores del impeachment contra Roussef, que cumple condena de cárcel por corrupción. De lo que no cabe ninguna duda es de que en otro momento del diálogo el empresario relata al presidente sus maniobras para comprar jueces y fiscales. La respuesta de Temer -quien suele jactarse a menudo de su brillante carrera como experto en derecho constitucional- es anonadante: “Ótimo, ótimo”. “Temer tenía, como cualquier agente del Estado tiene, por fuerza legal, la obligación de llevar a las autoridades competentes las revelaciones de Batista”, le recuerda la policía en uno de los informes remitidos a la fiscalía. Por el momento, Janot ya solicita para el presidente una multa de 10.000 reales por “daños morales al pueblo brasileño”.
El presidente parece dispuesto ahora a dar la batalla en el terreno que mejor conoce, las sinuosidades de los pactos a media luz que conforman la enmarañada política brasileña. Temer, bregado por años de conspiraciones en los pasillos del Congreso, confía en impedir que dos tercios de los parlamentarios avalen la denuncia. Su mejor argumento será que la amenaza de los procesos judiciales por corrupción se cierne tambén sobre decenas de ellos y que lo más conveniente será una maniobra defensiva general para evitar ser barridos del mapa político, cuando no acabar directamente en la cárcel.
