Los conflictos vistos como oportunidades

Últimamente, he visto varias publicaciones y exposiciones que afirman que, si queremos tener una mente abierta y no ser represivos, debemos celebrar los conflictos mineros y tomarlos como una oportunidad de cambio social positivo. Afirman que, si no aceptamos a los conflictos mineros como algo positivo, somos insensibles ante las brechas sociales, supuestas causas de los conflictos, y estamos faltando el respecto al derecho de las personas a protestar libremente. La realidad es que esta idea, del conflicto como oportunidad para el cambio social, es elitista hacia la población rural y poco realista hacia las consecuencias de los conflictos.

El conflicto es una actividad compleja, difícil, costosa y peligrosa para quien la realiza. Sufren los involucrados y, muchas veces, sufren aún más sus esposas, hijos, y demás familiares. Para quienes capitalizan con los conflictos, obteniendo riqueza, prestigio social, o beneficios políticos, estos son costos colaterales necesarios para su progreso personal o político. Para la mayoría de los involucrados en los conflictos, estos son costos reales que afectan a todos, pero que benefician sólo a unos pocos. No debe sorprendernos que estos últimos justifiquen sus intereses presentando los conflictos como positivos para el bien común.

Los entusiastas de los conflictos podrían argüir que, si los conflictos tienen costos y riesgos, ¿por qué la población se involucra en ellos? En realidad, la población solo se involucra en un conflicto cuando asume que no tienen otra opción, cuando cree que la sociedad no le ofrece ningún otro camino, sea para defender sus condiciones de vida o para obtener un beneficio económico de las empresas mineras o del gobierno.

La habilidad de los promotores de conflictos sociales consiste justamente en convencer a la población local que involucrarse en un conflicto social es la mejor o la única forma de defender su dignidad y sus condiciones de vida, y abrirse una ruta de progreso. Es decir, la habilidad de los promotores de los conflictos está en manipular las creencias de la población, llamado por ellos de imaginario colectivo, inventando o exagerando los riesgos ambientales, como en Tía María y Cajamarca, o promoviendo y legitimando acciones violentas de extracción rentas como en Las Bambas. Lo que se observa en los cientos de conflictos mineros que ocurren en Perú, sean pequeños o grandes, es una combinación de temores ambientales, expectativas de extracción de rentas e intereses políticos como las reales motivaciones, detrás de los discursos cargados de acusaciones y resentimientos.

Quienes promueven o se entusiasman con los conflictos pueden estar ligados a sus beneficios, pero no a sus costos. Los promotores de los conflictos se han vuelto alcaldes, gobernadores y congresistas, o han hecho buenos negocios, y quienes se movilizaron en los conflictos han perdido muchos días de trabajo y han pasado por riesgos y momentos muy difíciles.

Aunque no lo digan en forma explícita, muchos creen que, más allá de sus costos, si la población logra sacar alguna ventaja de las empresas mineras por medio de los conflictos, entonces los conflictos se justifican. La población es pobre, las empresas son ricas, entonces si logran que las empresas les entreguen parte de su riqueza, aunque sea bajo la amenaza de acciones violentas, la sociedad peruana se haría menos desigual. En esa lógica, si con la extorción se logra la redistribución, entonces los conflictos tienen un efecto positivo sobre la desigualdad. Los que piensan así dicen que los conflictos no son negativos sino oportunidades de cambio social positivo (reducción de la desigualdad), y por ello deben ser motivo de celebración. Desde esta visión, los conflictos son una oportunidad y una manera adecuada para avanzar hacia un mayor grado de distribución de rentas y empoderamiento para las comunidades en el entorno de las actividades mineras. Este interés político opaca su visión para entender lo que sucede en la realidad.

Usar los conflictos sociales como oportunidades de transformación social tiene varios problemas:

1-Se basan en la manipulación.  En la mayoría de los casos, para inducir a la población a asumir los costos y riesgos de movilizarse en un conflicto, se requiere asustarla exagerando algún daño real o propagando rumores sobre algún daño catastrófico en sus medios de vida, especialmente respecto el agua, y/o la presentación de alguna reivindicación económica muy significativa (pedir millones al gobierno o a la empresa minera). Las personas, que no son activistas anti-mineros, no interrumpen sus labores diarias para involucrarse en un conflicto si no tienen un motivo dramático. Los promotores de los conflictos, entonces, necesitan construir esa justificación dramática. Para ello, trabajan en forma complementaria con algunas organizaciones anti-mineras que se encargan de elaborar estudios “técnicos” que den apariencia de seriedad y credibilidad a los rumores, y así fortalecen la propagación de los temores. Para reforzar las apariencias, es común que las organizaciones anti-mineras difundan testimonios de algunos individuos “agraviados”, seleccionados, para incrementar el impacto emocional.

2-Se alimentan de la impunidad. Los conflictos mineros, tal como se realizan actualmente, incluyen la violación de derechos ajenos (empresas y otros grupos de la población) y el uso de violencia no armada (bloqueo de pistas, destrucción de maquinaria, incendios, etc.). Para hacerlo, los promotores de los conflictos buscan alejar la presencia de los organismos encargados de defender el Estado de Derecho (policía, fiscalía, jueces, etc.), y crear “zonas liberadas” de la presencia del Estado. Así ellos generan las condiciones para imponer sus propias reglas sociales y para hacer uso de la violencia impunemente. Los pacíficos son más del 95% de los manifestantes, y los violentos no pasan de una pequeña, muy pequeña, minoría. El problema es que esa pequeña minoría puede hacer daños inmensos en poco tiempo y la movilización crea el contexto para la acción de la minoría violenta. En los últimos años, ningún actor que llevó a cabo acciones de violencia en los conflictos sociales fue condenado, alimentando la idea de la impunidad para la violencia.

3-Desperdician el canon. Mientras la población está involucrada en conflictos con las empresas mineras, el canon minero, es decir, el aporte del 15% de las ganancias de las empresas mineras, entregada a las regiones y municipios para su desarrollo, es mal utilizado o literalmente saqueado por autoridades locales, disminuyendo así su efectividad en la creación de las condiciones para que el desarrollo regional sea más inclusivo. Mientras la minería entregaba a Cajamarca S/.4.440 millones para su desarrollo, los recursos eran robados o mal utilizados y la región marchaba hacia el último puesto, en cuanto a tasa de pobreza nacional. ¿Qué han hecho las autoridades Cajamarquinas con el canon? En la práctica, la conflictividad minera ha facilitado la acción de las autoridades corruptas. Distraídos con los conflictos, y en medio de un discurso de polarización social, nadie supervisó el uso de los miles de millones del canon. Para los líderes corruptos de Cajamarca, los conflictos sociales representaron una gran oportunidad de cambio.

4-Alimentan la cultura de la extorsión. En países, como el Perú, en que el Estado tiene serias limitaciones para garantizar el imperio de la ley, la extorsión es un fenómeno común (las ciudades de la costa norte del Perú dan una idea de los niveles a que puede llegar la extorción). La creación de un ambiente de conflictividad en el entorno de la minería favorece que algunos grupos se dediquen a la extorsión, es decir, a la creación de conflictos con el propósito de obligar a las empresas a entregarles beneficios especiales como requisito para seguir operando. ¿Por qué los entusiastas de los conflictos evitan o minimizan hablar de la cultura de la extorsión en la conflictividad minera? Sería bueno contar con un estudio serio sobre qué proporción de los conflictos mineros se deben al temor ambiental y a las iniciativas de extorsión. Los resultados pueden ser sorprendentes. El caso reciente de Las Bambas es MUY evidente, pero los entusiastas de los conflictos evitan tocar el tema. Para los extorsionadores, los conflictos representan su mejor oportunidad.

5-Son barreras al desarrollo regional. Solo los anti-mineros celebran la paralización de los proyectos mineros y el freno al desarrollo regional. Sin embargo, es mucho más amplio el universo de quienes no entienden como la conflictividad frena el desarrollo regional. Expliquemos un poco. La mejor manera para dinamizar el desarrollo regional es la conformación de una alianza estratégica entre las empresas mineras, las autoridades y empresarios locales, los productores rurales y las universidades. Con una alianza así podrían evitar la corrupción y orientar los miles de millones de soles del canon, generado por la minería, para realizar las obras prioritarias para el desarrollo regional. La conflictividad frena o mata la inversión minera, afecta su rol como dinamizador de la economía regional, reduce o anula el canon minero, limita el beneficio social de la minería a sectores minoritarios y bloquea la posibilidad de establecer una alianza estratégica entre los actores que pueden motorizar el desarrollo regional.

6-Distorsionan el debate. El conflicto legitima agravios que están exagerados o que no se encuentran técnicamente sustentados. Amplios segmentos de la población creen que tendrán afectaciones dramáticas como resultado de las actividades mineras, ese temor puede ser reducido con acuerdos entre las empresas, el estado y la población. Un acuerdo beneficioso para los actores involucrados implica que las empresas mineras compensen adecuadamente las afectaciones que pudieran sufrir sectores de la población, y que el Estado opere como monitor y garante. Para ello se requiere que el sistema de monitoreo sea confiable y capaz de hacer una estimación realista de dichas afectaciones. Si se cree que la minería acabará con la agricultura, envenenará el agua, o afectará toda una cuenca, es imposible que el compromiso de las empresas mineras pueda verse como suficiente, y así se destruyen las posibilidades de llegar a acuerdos duraderos entre empresas y comunidades.

7-Generan zonas de radicalización política. Los conflictos generan condiciones ideales para que las corrientes políticas anti-sistema desplieguen su narrativa. Cuando ocurre un conflicto sus promotores y aliados surgen como voceros calificados y logran acceso gratis a los medios de comunicación para así desplegar una campaña en contra de la minería, promover sus ideologías anti-democráticas, obtener reconocimiento personal, y acceder a puestos públicos. Los resultados de las elecciones nacionales muestran que, en aquellas zonas en que ha habido conflictos mineros, los grupos radicales han obtenido alta votación y tienen una influencia mayor que donde no hubo conflictos. No hay dudas de que los conflictos son oportunidades para quienes quieren cambiar el Perú hacia un régimen autoritario.  Pregunto a los entusiastas de los conflictos, ¿es ese el cambio social que ellos tienen en mente cuando dicen que los conflictos son oportunidades?

Esta lista ilustra el tipo de cambio social que los conflictos provocan, y para hacer pensar a quienes, por interés o por ingenuidad, han asumido que los conflictos son oportunidades de cambio social positivo. No hay dudas de que los conflictos generan cambios sociales, pero la experiencia no indica que esos cambios sean positivos.

Hay, además, algunas preguntas de ética social que necesitan respuestas.

• ¿Por qué creen algunos que la población rural debe progresar vía la conflictividad, y que no le corresponde hacerlo en forma pacífica, como sucede con la mayoría de la población urbana? ¿Creen que los ciudadanos rurales son de segunda categoría?
• ¿Es moralmente adecuado poner en juego las limitadas fuentes de desarrollo de la población rural para que un grupo pequeño se beneficie económica o políticamente, con la justificación de empoderar a la minoría interesada en la conflictividad?
• ¿Por qué contribuir al crecimiento de la extracción de rentas vía conflictos, es decir a la ampliación de la cultura de la extorsión, que beneficia solo a grupos minoritarios y perjudica a rodos los demás, en vez de promover un desarrollo regional inclusivo, institucionalmente ordenado y bajo el imperio de la ley?
• ¿Por qué defender la impunidad de quienes cometen actos de violencia, en vez de condenar a la violencia para así separar la paja del trigo y permitir que los ciudadanos pacíficos puedan manifestarse libremente?

Y para que no digan que estamos hablando en abstracto, quisiera que los entusiastas de los conflictos respondan: ¿Cuál región del Perú ha logrado cambios sociales positivos y ha abiertos caminos de desarrollo compartido en base a los conflictos sociales?

Los conflictos sociales son problemas, y sus consecuencias son negativas, especialmente para la población de las regiones mineras. En vez de celebrarlos, como si fueran oportunidades, lo que hay que hacer fortalecer el marco institucional para que las soluciones sean favorables a la sociedad en su conjunto y no solo a los aventureros y a grupos minoritarios de la población local. Es fortaleciendo el marco institucional y canalizando productivamente los recursos creados por la minería que generaremos verdaderas oportunidades para hacer cambios sociales positivos socialmente amplios y durables. Lampadia