Viernes, 22 de Noviembre del 2024
Un nuevo conflicto social se viene registrando en la Amazonía peruana. Desde el sábado último, cerca de 600 nativos de las comunidades de Los Jardines y Nueva Alianza de Capahuari tomaron las instalaciones del lote 192, ubicado en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón (Loreto).
Los nativos exigen que la empresa petrolera Pacific Stratus, que opera en el lote 192 desde setiembre del 2015, cumpla con una serie de pagos como compensación por el uso de tierras comunales. Estos terrenos, según las comunidades, se sitúan en la zona de influencia del área de explotación.
Luego de que Pacific asumiera las operaciones del lote 192 en el 2015, las comunidades de Los Jardines y Nueva Alianza de Capahuari solicitaron a la empresa petrolera el pago de S/1 millón como compensación porque –sostenían– el área de explotación abarcaba buena parte de sus tierras tituladas.
Según Chávez, Pacific ofreció S/106 mil anuales para Los Jardines y S/110 mil para Capahuari. Estos montos –que, de acuerdo con Pacific, correspondían al pago que realizaba Pluspetrol, la anterior operadora del lote– eran menores al que solicitaban las comunidades, por lo que estas optaron por iniciar un proceso para que se establezca una servidumbre legal ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Dicho proceso –que se inició hacia agosto del 2016– se utiliza para permitir que una entidad que no es propietaria de un bien pueda utilizarlo a cambio de una contraprestación económica. Sin embargo, Chávez dice que el proceso “no ha sido transparente”.
“El problema es que el equipo de tasaciones del Minem [que deberá determinar a cuánto asciende el monto por la servidumbre legal] solo ha tomado en cuenta los cálculos de Pacific, que son una bicoca. Por ejemplo, la empresa consideró que debe pagar S/0,024 por hectárea. Y en Jardines solo ha estimado que ocupa 7 hectáreas. ¡En total quiere pagar menos de 20 centavos al año!”, dijo.
Agregó que esperan la presencia del primer ministro Fernando Zavala y la del titular del Minem, Gonzalo Tamayo, en la zona hasta el miércoles 26 para que se resuelva el tema de la compensación económica y no se radicalice más la protesta.
A través de un comunicado, Pacific indicó a El Comercio que el ministerio “les ha hecho llegar la semana pasada un informe técnico de tasaciones” a las comunidades. “Si no están de acuerdo con este informe tienen un plazo de 10 días para apelar. El proceso de servidumbre legal aún no ha culminado. Lamentablemente, al recibir el referido informe técnico, que no ha sido de su agrado, han optado por el camino de la violencia”, señaló la empresa.
La firma petrolera también precisó que el lote 192 ocupa tres cuencas (Pastaza, Corrientes y Tigre), las cuales abarcan a 19 comunidades. “Con 18 de ellas, ya tenemos celebrados convenios integrales que incluyen el pago de servidumbre, cuando corresponde. No debemos ningún pago. Con Los Jardines, desde nuestro ingreso al lote 192, hemos tratado de hacer lo mismo. Pero ellos nunca estuvieron conformes con lo ofrecido”, concluyeron.
Este Diario buscó reiteradamente al nuevo viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros para que responda acerca de cómo abordará el Ejecutivo este nuevo conflicto social. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
La producción petrolera del lote 192, que en algún momento llegó a representar el 18% del total nacional, está paralizada. La razón: el cierre del oleoducto norperuano, que actualmente está inoperativo por presentar algunas deficiencias en su infraestructura.
En febrero del 2016, la empresa Pacific Stratus declaró en fuerza mayor al lote petrolero, lo cual fue aceptado por Perú-Petro, entidad con la que firmó el contrato de concesión temporal por dos años. De esta manera, las operaciones en el área de explotación fueron suspendidas. Sin embargo, ambas partes acordaron que el tiempo que el lote permaneciera cerrado sería restituido tras la culminación de dicho contrato. Es decir, después de agosto del 2017.
Fuentes de El Comercio confirmaron que –entre febrero y marzo de este año– el lote petrolero reanudó sus operaciones y el bombeo del crudo, pero únicamente para fines de mantenimiento del oleoducto norperuano.
