Un año después empezó a desenredarse la madeja de corrupción que Álvarez habría tejido desde ‘La Centralita’, un local ubicado en Chimbote desde donde se orquestaban campañas para demoler a los enemigos de la máxima autoridad ancashina. Benítez era inquilino del local, pero dijo –hasta el cansancio– que nunca vio nada.
El vínculo con el hombre al que sus detractores conocen como la ‘Bestia’ no fue solo amical. “Salí elegido congresista gracias al apoyo de Álvarez”, dijo él mismo en el 2011.
Álvarez, líder del movimiento regional Cuenta Conmigo, selló una alianza con Solidaridad Nacional a cambio de que su ex abogado encabezara la lista por Áncash. Y así fue.
En el 2015, Benítez fue suspendido del Parlamento debido a que obstaculizó el allanamiento fiscal a ‘La Centralita’. La situación se complicó después: pasó de testigo miope de lo que ocurría a presunto cabecilla de la red de su amigo Álvarez.
En la última campaña electoral cambió el amarillo solidario por el rojo nacionalista e intentó postular a la reelección. Sin embargo, el humalismo retiró sus listas al Parlamento. La militancia política de Benítez es impredecible: en 15 años postuló con cuatro partidos al Congreso y fue elegido tres veces.
El abogado de 57 años saltó a la palestra mediática cuando asumió la defensa de Leonor La Rosa, una ex agente de inteligencia que denunció haber sido torturada por militares, quienes en el año 2000 fueron procesados, sentenciados y posteriormente absueltos. Las imputaciones que Benítez sustentó resultaron inexactas, por decir lo menos.
Ahora, después de algunos meses de silencio forzoso, Heriberto Benítez ha reaparecido como flamante abogado del ex presidente Alejandro Toledo, acusado de haber recibido US$20 millones de Odebrecht en sobornos y sobre quien ahora pesa una orden de captura y 18 meses de prisión preventiva.
Su estrategia tiene matices más políticos que jurídicos: alega que no hay un debido proceso. Esta función recién comienza.