Lunes, 23 de Diciembre del 2024
El Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, aseveró hoy que el impacto del Decreto Legislativo 1334 que crea el Fondo de Adelanto Social (FAS) permitirá la reactivación de proyectos mineros hasta por un monto de 7,000 millones de dólares.
Afirmó que el FAS, que tendría tendrá impacto de corto plazo, permitirá que cinco proyectos entren en etapa de construcción el 2018.
“Nosotros tenemos una cartera de 46 proyectos que involucran más de 50,000 millones de dólares. De este grupo, cuatro o cinco podrían ir avanzando el 2018 y de estos uno o dos serán grandes, con lo cual tranquilamente podríamos a empezar a remontar niveles de 7,000 millones de dólares”, manifestó a la Agencia de Noticias Andina.
Cabe recordar que a través de las facultades legislativas el Gobierno promulgó el DL 1334 que crea el Fondo de Adelanto Social (FAS), orientado a cerrar o cubrir brechas sociales en lugares donde se desarrollarán actividades económicas extractivas.
Los recursos del FAS se destinarán a financiar proyectos de inversión pública a través de programas, proyectos y/o actividades en materia de agua y saneamiento; ambiente; transportes y comunicaciones; de electrificación rural; agricultura y riego.
También para financiar infraestructura de salud; e, infraestructura educativa, que atiendan las brechas sociales de las poblaciones en zonas consideradas prioritarias de conformidad con lo previsto en la presente norma.
“Este fondo es un mecanismos importante porque permite cerrar brechas sociales en zonas estratégicas con recursos que luego van a ser repuesto con la ejecución del proyecto”, precisó.
Reducción de conflictividad
Para Gálvez el referido decreto legislativo reducirá los niveles de conflictiva social en el país pues la población desatendida por décadas percibirá por fin la presencia del Estado a través de conexiones de agua, hospitales, carreteras y centros educativos.
“Yo confío en que este fondo reduzca la conflictividad porque las poblaciones rurales van a sentirse atendidas por el Estado y por lo tanto, van a estar menos propensas a una reacción conflictiva y de violencia”, indicó.
Asimismo, resaltó que este decreto legislativo “dejaría sin piso” a los activistas que promueven manifestaciones locales y regionales en contra de una actividad extractiva.
“Esa es la idea, quitarle el pretexto a los activistas o a aquellos que buscan su beneficio económico individual en perjuicio del desarrollo de la localidad. Con este decreto serán mismas poblaciones quienes exijan estos proyectos se ejecuten en su zona”, afirmó.
No obstante refirió que las protestas de los mismos pobladores -sacando a los activistas que persiguen sus propios intereses- son comprensibles, ante el abandono que tienen en cuanto a la provisión de servicios básicos, por lo cual el adelanto social permite atenderlos de manera más rápida en las zonas de los proyectos.
“Existen condiciones de abandono extremas, por lo cual desde la Sociedad de Minería comprendemos estas preocupaciones”, puntualizó.
