Meta del Gobierno es formalizar a 60,000 pequeños mineros en tres años
Publicado el 19/01/17
Lima, ene. 19. El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, estimó hoy, que en tres años unos 60,000 pequeños mineros culminarán su formalización, con el nuevo esquema que implica simplificación administrativa, incentivos económicos y mayor presencia del Gobierno Central.
“En términos del objetivo del Plan de Gobierno de Peruanos por el Kambio para el proceso de formalización, se busca formalizar a por lo menos el 50% de los ciudadanos que están involucrados en esta actividad, tomando como base que son entre 100,000 a 120,000 personas”, indicó.
Refirió que 70,000 mineros informales iniciaron el proceso de formalización minera con el marco legislativo anterior, pero de este total, solo 161 culminaron su proceso de formalización.
“Algunos de estos 161 individuos son considerados empresas o grupos de trabajadores, y considerando en número de personas podemos estar hablando de 3,000”, señaló.
Asimismo, refirió que el proceso, como muestran los datos, no ha ido en la dirección correcta y se espera que con este nuevo procedimiento, que introduce simplificación administrativa, incentivos económicos y una mayor participación del Gobierno Central, se pueda avanzar significativamente.
“Es una tarea que debemos reconocer es muy difícil, por la complejidad productiva, socioeconómica y ambiental que involucra esta actividad”, dijo.
Direcciones regionales
Sobre la competencia de las direcciones regionales de minería en el proceso de formalización, Tamayo indicó que estas dependencias participan en el mismo, como parte del proceso de descentralización que empezó ya desde hace algunos años.
“Hay algunos gobiernos regionales que participan de una manera más activa del proceso de formalización, hay otros que lo hacen no tan bien y otros que lo hacen mal”, subrayó.
El ministro agregó que el Gobierno Central ha planteado que en el proceso de formalización participe el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), dentro de las competencias del régimen de descentralización que no se pudo modificar con las facultades legislativas.
“Queremos que haya un trabajo conjunto en términos de la participación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) como ente que puede fiscalizar, pero con una estrategia de acompañamiento que no involucra una invasión de competencias o un cambio de régimen de centralización”, puntualizó.
