Plantean que Estado demande a Odebrecht y le pida indemnización
Publicado el 31/12/16
Lima, dic. 31. El congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, miembro de la comisión Lava Jato, planteó que el Estado demande a Odebrecht y le exija una indemnización por los sobornos que esta empresa pagó en el Perú a cambio de adjudicarse obras públicas.
Consideró que esos actos de corrupción generaron daño al Estado, porque los funcionarios que debían vigilar las obras a cargo de Odebrecht fueron sobornados y “se hicieron de la vista gorda” cuando algún proyecto de infraestructura encarecía su costo de ejecución.
“No había nadie que controle los costos y los avances de obra, y los que debían controlar esto estaban coimeados (…) El Estado tiene que ser indemnizado. Este es un daño que se le ha hecho al Estado, entonces el Estado debe buscar una indemnización”, subrayó.
También destacó la necesidad de multar y expulsar del país a la empresa Odebrecht, así como adoptar medidas preventivas para evitar que esta compañía venda sus activos en el Perú y eluda el pago de una eventual reparación, tras la demanda que interponga el Estado.
El legislador
propuso, asimismo, intervenir con la Fiscalía la sede de Odebrecht en el Perú, impedir la salida del país a sus directivos, y anular los contratos vigentes que esta empresa tiene con el Estado en materia de ejecución de obras, los cuales -dijo- deben ser reformulados.
“No podemos dejar las obras en manos de los ladrones. Si ya sabemos que son ladrones y corruptos, no podemos permitirles un día más de trabajo, ni dejarles en custodia nuestra casa”, aseveró García Belaunde, en diálogo con la Agencia Andina.
En su opinión, estas medidas serían un buen complemento a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, en el sentido de impedir que empresas condenadas y/o sancionadas por actos de corrupción puedan licitar con el Estado.
García Belaunde saludó, finalmente, que el Gobierno haya decidido asignar un presupuesto adicional a la Procuraduría Anticorrupción y al Ministerio Público para que puedan conducir de forma adecuada y exhaustiva las investigaciones en torno al caso
Odebrecht.
De acuerdo con información de la justicia de Estados Unidos, la compañía brasileña reconoció el pago de sobornos en Perú hasta por
29 millones de dólares, entre los años 2005 y 2014, a funcionarios gubernamentales “con el fin de obtener contratos de obras públicas”.
Con esas maniobras, según lo informado, la empresa se benefició con una ganancia de más de 143 millones de dólares.
El período que señala el informe respectivo comprende
las gestiones de los presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
Tras conocerse dicha información, se informó que la comisión especial Lava Jato será instalada en enero en el Congreso, a fin de investigar los presuntos actos de corrupción que comprometerían a las empresas brasileñas en el pago de coimas en Perú.
