El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, cuyo titular es el juez Ángel Mendivil, ordenó comparecencia restringida para Francisco Boza, rechazando así el pedido de 18 meses de prisión preventiva solicitado por el tercer despacho de la Fiscalía Suprapovincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios.
De acuerdo a la resolución judicial, Boza no deberá variar de domicilio sin previa autorización del juez; tendrá que firmar el control biométrico cada 30 días y tiene prohibido comunicarse con los presuntos integrantes de dicha organización criminal, entre ellos Belaunde Lossio.
Asimismo, deberá pagar una caución de 25 mil soles en 15 días hábiles.
De no cumplir con esas reglas de conducta, la orden de comparecencia restringida podría ser revocada a pedido del Ministerio Público. Precisamente, este apeló la decisión emitida esta tarde.
Durante la audiencia reiniciada esta tarde, el juez consideró que no había peligro de obstaculización de la justicia en Boza, pero sí riesgo de fuga. Además, señaló que las interceptaciones telefónicas presentadas por la fiscalía eran irrelevantes para acreditar el mal comportamiento procesal del ex medallista olímpico.
Al ex medallista olímpico se le atribuyeron los presuntos delitos de colusión y asociación ilícita al considerar que, como titular del IPD (2011-2014), habría buscado beneficiar a Antalsis, empresa vinculada al procesado Martín Belaunde Lossio, para que esta remodele el polideportivo Elías Aguirre de Chiclayo.
Y es que Belaunde Lossio, preso desde el año pasado, habría sido líder de una organización criminal que aparentemente operó en diferentes regiones del país, la cual tenía como propósito beneficiar con obras a la constructora Antalsis. Para el juez Mendivil sí hay indicios de que Boza pertenecería a esa organización criminal.