Esta es una de las medidas que forma parte del “paquete simplificador administrativo” aprobado por el Poder Ejecutivo en el marco del proceso de modernización del Estado. Se trata del Decreto Legislativo 1246 que aparece publicado hoy en las normas legales en el diario oficial El Peruano.
Antes, cuando un ciudadano era víctima de un delito, tenía que ir al Banco de la Nación, pagar 7.60 nuevos soles y de ahí, con su voucher debía dirigirse a la comisaría para sentar su denuncia y recibir una copia.
Ahora, con el paquete simplificador, el Estado está obligado a darle al ciudadano la primera copia certificada de su denuncia policial de manera gratuita e inmediata
Según explicaron voceros del Ministerio del Interior, el objetivo es eliminar los trámites innecesarios que hasta el momento deben realizar los ciudadanos ante el sector público y que encarecen y aletargan esos procedimientos.
El ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, resaltó este avance e indicó que forma parte de las acciones concretas dentro de las facultades dadas por el Ejecutivo en beneficio del ciudadano.
Los beneficiarios de este avance que tiene como sustento la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, son las victimas de robo, pérdida, violencia familiar, entre otros casos.
Las entidades del Estado tienen 60 días para que se adapten a esta nueva forma de operar en beneficio del ciudadano.
También antecedentes policiales
Otro trámite simplificado para el sector es el referente al certificado de antecedentes policiales que antes sólo podía ser tramitado personalmente por el interesado.
No obstante ahora, con el “paquete simplificador”, el certificado de antecedentes policiales también podrá ser solicitado, además del interesado, por su cónyuge y sus parientes hasta el primer grado de consanguineidad, previa autorización expresa del titular y mediante una carta simple.
Otras medidas
También forman parte del paquete simplificador aprobado por el Ejecutivo, la conexión de las entidades públicas para compartir sus bases de datos actualizados y ya no estar pidiendo dos y más veces los datos a los ciudadanos; la prohibición de exigir a los usuarios documentos redundantes o inútiles; la eliminación del certificado de supervivencia que se exigía a los adultos mayores; también del certificado de discapacidad; validez del DNI caduco para realizar actos administrativos; y trámites de formalización a bajo costo.
