La Municipalidad de Lima afrontará un arbitraje más. Esta vez, la demanda será interpuesta por el consorcio EcoExpress Javier Prado tras la anulación de su contrato de concesión (firmado en el 2014) que le permitió operar hasta la semana pasada en el Corredor Complementario Javier Prado.
El monto que la empresa exigirá como indeminización incluye los más de US$ 35 millones invertidos en la adquisición de buses y el contrato de choferes, entre otras obligaciones contractuales que cumplió el concesionario.
En conferencia de prensa, el director del consorcio, Emilio Cilloniz, reiteró que la decisión de la municipalidad es inconstitucional pues las autoridades ediles junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) han aplicado retroactivamente una norma. Esto al condicionarlos a firmar una adenda que cambia, según ellos, los términos del contrato afectando así el equilibrio económico financiero de la operación.
“Nosotros somos empresarios responsables y serios, invertimos en un proyecto con unas reglas de juego ganadas limpia y legalmente, pero si de pronto la autoridas las desconoce violentando la ley, nuestra responsabilidad nos exige no prestarnos a esa imposición y por el contrario hacer respetar la ley”, puntualizó Cilloniz.
El arbitraje está contemplado en el contrato de concesión suscrito en la gestión pasada.
Cabe recordar que la Municipalidad de Lima tiene al menos otros seis arbitrajes en curso, interpuestos por los operadores del Metropolitano. A inicios de año de este año, la comuna metropolitana perdió su primer arbitraje por unos S/. 54 millones.