Representantes de la Unión Europea (UE) y Turquía celebran hoy en esta capital una cumbre para intentar coordinar una respuesta conjunta ante la crisis de los migrantes, fenómeno que apunta a agudizarse este año.
El tema de las posibles vías para cortar el flujo de indocumentados hacia Europa centrará los diálogos del bloque regional con Turquía, país clave en la ruta migratoria.
Procedentes de naciones como Siria, Irak y Afganistán, la mayor parte de los aspirantes a convertirse en refugiados suelen atravesar esa nación, luego partir por mar hacia Grecia, y desde territorio heleno emprender camino por los Balcanes y Europa central hasta llegar a los estados occidentales.
A finales del año pasado, la UE prometió concederle tres mil millones de euros a Turquía a cambio de que en este estado garantice las necesidades de los refugiados (sobre todo sirios), y evitar así que ellos decidan seguir camino hacia el denominado viejo continente.
Al llegar a la cumbre bilateral, la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, estimó que solo con la cooperación de Turquía será posible frenar la llegada de foráneos y consideró clave poner en marcha el acuerdo entre las partes.
De su lado, el presidente de Francia, François Hollande, abogó por un sistema organizado que permita trasladar sirios desde territorio turco hasta Europa, y recordó que la nación gala ya comenzó la recepción de los 30 mil demandantes de asilo que le corresponden, según las cuotas comunitarias.
Al mismo tiempo, agregó, la nación euroasiática debería cumplir su responsabilidad de combatir eficazmente el tráfico de personas, para contrarrestar los flujos irregulares.
Por su parte, el canciller de Austria, Werner Faymann, abogó por dejar claro que se cerrará completamente la ruta de los Balcanes para impedir que los foráneos continúen atravesando el continente.
“Estoy muy a favor de decirlo claro: Cerraremos todas las rutas, incluida la ruta de los Balcanes. Los traficantes no deben poder tener ninguna oportunidad”, sostuvo.
Ante el agravamiento de la crisis, varias naciones defienden con más fuerza la opción de negar la entrada a los indocumentados, mientras organizaciones humanitarias advierten que ello puede ir en contra de las normativas internacionales que estipulan el deber de acoger a quienes huyen de la guerra.