Autoridades de Ayacucho incautan equipos a una radio clandestina
Publicado el 15/02/16
El Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, intervino una vivienda donde funcionaba sin autorización una emisora pirata que interceptaba frecuencias e interfería la señal de las radios legales que sí cuentan con licencia.
Tras un minucioso trabajo de seguimiento e identificación que duró varias semanas, personal de ambas instituciones se constituyeron en el jirón Calvario 233, distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, para intervenir en flagrancia a un sujeto que se identificó con un nombre falso quien reconoció ser solamente locutor mas no el propietario de la emisora “Relámpago” que operaba de manera clandestina en el dial 88.1 de la frecuencia modulada.
Durante la verificación, en un ambiente de la vivienda, se encontró camuflados equipos de la emisora ilegal, dedicada a interferir y tomar el lugar de las frecuencias de radios legalmente constituidas, con el propósito de difundir sin autorización, música y publicidad de fiestas populares.
Dichos equipos fueron incautados, mientras que el sujeto fue denunciado por robo agravado del espectro radioeléctrico.
“Las sanciones contra la piratería radial son drásticas y consideran multas de 30 a 50 UIT y la denuncia penal al propietario; a pesar de ello, la mayoría de estaciones ilegales usan su programación para difundir actividades folclóricas y promocionar sus actividades de cada fin de semana”, afirmó el director regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, José Lozano Acosta.
Detalló, asimismo, que su sector a través de la Dirección de Telecomunicaciones mantiene una permanente vigilancia contra las radios piratas ya que cuenta con un analizador de espectro radioeléctrico para detección de frecuencias ilegales que operan clandestinamente en la región, dicho reporte es enviado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para su intervención.
La utilización ilegal del espectro radioeléctrico para la transmisión de señales de telecomunicaciones constituye un delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado, cuyas penas fluctúan entre 3 y 6 años de cárcel, según el Código Penal.
Las estaciones que operan clandestinamente generan un impacto negativo en el patrimonio del Estado y afectan a aquellas estaciones debidamente autorizadas porque pierden ingresos debido a las continuas interrupciones que bloquean la difusión de sus contenidos comerciales.
