Jueves, 19 de Diciembre del 2024
Muchos vieron en la crisis financiera del 2008 una buena oportunidad para reformar el Sistema Económico Mundial. La idea, se creía entonces, era alejarse de la especulación desmedida y del culto al dinero para acercarse al bienestar de la mayoría de los ciudadanos —justamente aquellos que más padecieron las consecuencias del colapso económico global—. De esa tendencia surgieron desde agrupaciones académicas hasta movimientos sociales y partidos políticos.
También repuntó, en el seno del propio sistema financiero y de las empresas en general, las denominadas “empresas B” (de “Bienestar”), que aspiran a un modelo de negocio transparente, equitativo y respetuoso con el medio ambiente —sin perder de vista el leit motive de ser rentables. Estas empresas, con Unilever a la cabeza, ya cuentan con amplia aceptación y penetración en Estados Unidos y poco a poco —aunque todavía en un segundo plano— van ganándose un espacio en América Latina.
Según el portal sistemab.org, hoy existen más de 1,400 compañías certificadas como “B” en 42 países, y se calcula que cerca de 200 están en América Latina. Chile cuenta con 77 empresas certificadas y se ha convertido en el país más destacado de la región en este terreno. Entre los elementos comunes de estas organizaciones destacan la ausencia de incentivos de bonos para los directivos, la transparencia informativa o la distancia entre los salarios más altos y más bajos.
En los estatutos de estas empresas es imprescindible que figure, además de la búsqueda de rentabilidad para los accionistas, el principio de generar un impacto ambiental y social positivo. En otras palabras, que logren solucionar problemas sociales y ambientales a través de su actividad comercial —por ejemplo, una agricultora que genera empleo digno en comunidades rurales, a la vez que respeta el medio ambiente—.
