La norma emitida por el Poder Ejecutivo y que está publicada en las normas legales del diario oficial El Peruano permitirá el aseguramiento efectivo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito, en especial cuando son lesiones u homicidios culposos.
Se trata de vehículos que pertenecen al imputado o al tercero civilmente responsable. Las unidades serán entregadas a un custodio.
La retención del vehículo motorizado o “secuestro conservativo”, según se consigna en el Decreto Legislativo 1190, será solicitada por el fiscal al juez a cargo del caso. Este último, sin trámite alguno, dictará la medida sobre el vehículo identificado.
El decreto añade que cualquier pedido destinado a impedir o dilatar que se concrete la medida de “secuestro conservativo” de los vehículos motorizados es inadmisible.
No obstante, el imputado o tercero civilmente responsable puede solicitar la variación de la medida, ofreciendo garantía o bien que de igual manera permita asegurar el pago de la reparación civil.
Si la unidad motorizada resultó dañada como consecuencia del delito, el fiscal deberá identificar otro bien mueble de los responsables, a fin de proceder a su secuestro conservativo.
Finalmente, el decreto señala que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial deberá diseñar en máximo 90 días un Registro de Vehículos Motorizados de Serivcio de Transporte Público o Privado, que sean afectados con la medida de secuestro conservativo, así como las directivas necesarias para su implementación.
El decreto fue emitido en el marco de las facultades legislativas que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo para legislar en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
