En base a la documentación presentada es que se podrá emitir las autorizaciones de servicio definitivas en los casos que correspondan, es decir para las empresas que demuestren estar involucradas en el proceso de modernización.
La Ordenanza 1876, vigente desde febrero pasado, obliga a las empresas de transporte a implementar mejoras sustanciales a sus servicios. Así, se las obliga a contar con patios de maniobras, acreditar la propiedad de sus buses, tener trabajadores en planilla y a no registrar deudas por concepto de papeletas.
También deben implementar un sistema de gestión y control para la operación de la flota, no haber recibido sanción firme de cancelación o inhabilitación para prestar servicios de transporte público y no estar sancionadas con suspensión precautoria del servicio.
Dicha Ordenanza estableció que el 30 de junio era el plazo final para que las empresas se comprometan con la GTU a modernizar sus prestaciones y adecuarse a nuevas exigencias establecidas por la autoridad municipal. A ese proceso se sumaron 268 empresas, de un total de 297 que cuentan con autorizaciones para operar en 399 rutas de transporte en Lima.
Hasta esa fecha, la GTU había recibido 261 solicitudes de empresas de transporte para sumarse al proceso de modernización de sus servicios, y con la finalidad de incorporar a más firmas la entidad municipal extendió sus horarios y consiguió así la cifra final de 268 solicitudes.
Las 268 empresas que se suman al proceso cubren un total de 363 rutas de transporte en Lima Metropolitana, de un universo de 399 existentes. Esto supone que existen 36 rutas que no serán atendidas y que deberán ser licitadas, conforme lo establecen las normas vigentes.
