Miercoles, 20 de Noviembre del 2024
De Tambogrande a Tía María. Doce años de acervos conflictos sociales han reconfigurado la faz de la Inversión Minera en el país e inducido a las Empresas Mineras, a ensayar nuevas estrategias de acercamiento con las comunidades.
El pasivo es bastante conocido: proyectos paralizados por miles de millones de dólares. Pero el aprendizaje ha sido amplio. Prueba de ello son los US$19.000 millones en inversiones mineras viabilizadas por las empresas mineras, merced a un acertado relacionamiento social.
Es el caso de Las Bambas (US$10.000 mlls.), la Ampliación de Cerro Verde (US$4.600 mlls.), la Ampliación de Toquepala (US$1.200 mlls.), Tambomayo (US$250 mlls.) y Shahuindo (US$130 mlls.), por citar los proyecto más conocidos.
De Quellaveco (US$3.300 mlls.), La Granja (no hay una cifra confirmada pero se habla de más de US$1.000 mlls.), Corani (US$600 mlls), Ollachea (US$170 mlls.) y la reanudación del Complejo Metalúrgico de La Oroya – CMLO (US$800 mlls.), proyectos en suspenso por factores económicos, pero que gozan de una amplia base popular de apoyo que presiona por su desarrollo.
Eso es lo que acontece en La Oroya, donde la población no solamente exige la reanudación de operaciones del complejo metalúrgico, sino que amaga con perpetrar un ‘segundo Tía María’ para forzar al Estado a generar las condiciones que permitan atraer la inversión minera.
