Sábado, 23 de Noviembre del 2024
En el Perú se acaba de promulgar la ley que promueve la apertura de puestos de trabajo para los jóvenes entre los 18 y 24 años de edad. Su espíritu es loable, pero la intención real es criminal. A un pueblo que sufre el índice más alto de desigualdad socio-económica en América Latina, se le reducirá aún más sus ingresos para alimentar las arcas de los “empresarios”. Así se hace empresa en el Perú: robando, coimeando, traficando, y reduciendo por ley el precio de la mano de obra. Para eso sirven los presidentes y congresistas “elegidos por el pueblo”.
Es indudable que vivimos en un país de extremo desempleo, disfrazado por el sub-empleo. Los que viven en las calles, y no en el Palacio de Gobierno o en el Congreso, lo sienten diariamente. No hay puestos de trabajo, así pasemos nuestras vidas obteniendo nuevos diplomas. Y si, por suerte o vendiendo nuestra alma y cuerpo, conseguimos uno, está lejos de compensar el esfuerzo de formación profesional realizado. Y está más lejos aún del estándar internacional de salarios según la formación profesional.
Ante este sombrío y degradante panorama, es loable incentivar la apertura de nuevos puestos de trabajo para aquellos jóvenes que comienzan una vida llena de esperanzas. Pero, ¿es eso lo que facilita esta Ley de Régimen Laboral Juvenil?
En el nuevo contrato de trabajo juvenil, la Ley ordena, entre otros, la eliminación de la compensación por tiempo de servicios (CTS), la disminución de mitad tanto del monto de gratificación como de las vacaciones. Es decir, la ley dispone la reducción del costo de la mano de obra juvenil. Se argumenta que el objetivo es promover una actividad económica más competitiva a fin de crear nuevos puestos de trabajo. Hay que ser inocente para creer en esta patraña. Estos “hijos del pueblo” nos toman por….
En cierta medida tienen razón, porque no llegamos a comprender todavía el engranaje del problema. ¿Por qué no hay puestos de trabajo, en este país en donde hay muchas cosas que faltan por hacer? ¿Por qué hay tantos desempleados si, como lo sabemos, el trabajo es la fuente de creación de riquezas? ¿Por qué, aun trabajando, a la mayoría no le alcanza para vivir dignamente? ¿Por qué, algunos, sin trabajar o con un mínimo de esfuerzo, viven como reyes?
Un razonamiento lógico nos dice que una disminución del costo de la mano de obra conduce, ya sea a incrementar el margen de utilidad del empresario, a facilitar la disminución del precio de venta del bien producido, o a ambos a la vez. Pero, los ayayeros del gobierno sólo nos dicen que servirá para bajar el precio de venta del bien producido, a fin de ganar partes del mercado. Esto, a su vez, permitiría abrir nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo reacciona realmente el empresario?
Una primera reacción sería pensar en bajar el precio de venta del bien producido. Pero la Ley abre la misma posibilidad a todos los empresarios. Ante una demanda constante, si todos los empresarios bajaran el precio de dicho bien por el mismo monto, el único beneficiario sería el consumidor, al generarle un ahorro y, con ello, incrementar su poder de compra de otros bienes. ¿Esta sería la decisión final del empresario, o de los empresarios? Definitivamente, no.
El empresario siempre piensa en favorecer sus intereses financieros antes que pensar en los del consumidor, o en la creación de nuevos puestos de trabajo. Entonces, la decisión será simplemente no bajar el precio de venta del bien producido con un cholo joven, más barato aún, y embolsicar el margen de utilidad que le permite generar esta Ley de “promoción de trabajo juvenil”. Y lo más grave, no está ahí.
Esta ley, sin incrementar nuevos puestos de trabajo, permite al empresario remozar su equipo de trabajadores con cholos jóvenes baratos. Es decir, permite despedir a todos los “trabajadores viejos”. Y si por mala suerte, los viejos reclaman o hacen huelga, para eso está la ley de despidos colectivos que acaba de promulgar el Presidente de la República, “hijo del pueblo”.
Nos encontramos ante el caso típico del comportamiento de los empresarios de una economía a Repartición Individualista. Este mecanismo permite que el 100% de las utilidades de una empresa sea apropiado por el que puso el capital para formar la empresa; es decir, es apropiado por el dueño de la empresa o por sus accionistas. Y es él quien decide qué hacer con esas utilidades: ahorrarlo, gastarlo, invertirlo aquí o en el extranjero.
Pero, es bueno saber que existen empresarios y Empresarios. Los unos son los micro-empresarios quienes constituyen el grueso del sector empresarial y que, por lo general, llegan a fin de carrera sin siquiera contar con un buen plan de jubilación. Los otros, son los gerentes de las grandes multinacionales, cuyas empresas absorben casi la totalidad del valor agregado por los pueblos del mundo. Una extorsión tanto de los trabajadores como de los micro y medianos empresarios.
Me pregunto, ¿por qué no crear empresas en donde el dueño sea el país, toda la población, sin ninguna distinción, a fin de que la totalidad de las utilidades de la empresa pertenezcan a todos por igual? Esta propuesta no es ni utópica ni descabellada. Esta empresa-país[i] no requiere de aportes provenientes ni de los trabajadores ni de terceras personas, porque financiamiento existe, y a raudales.
Se trata de la emisión monetaria, aquella muy conocida como la “maquinita”, utilizada por todos nuestros gobernantes para saldar sus deudas, motivo por el cual nos conducen a procesos inflacionarios tal como recientemente, y en gran magnitud, lo utilizó, entre otros, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. El destino de la emisión monetaria de nuestra propuesta es diferente. Estará orientada, única y exclusivamente, a la creación y desarrollo de empresas-país.
