Ley Universitaria no puede ser invalidada por Juez de Primera Instancia

Normas, como la Ley Universitaria, no pueden ser invalidadas por un juez de primera instancia, indicó hoy el constitucionalista Gustavo Gutiérrez-Ticse, respecto al fallo del juzgado civil de Ica que declaró inconstitucional dicha ley y señaló que la Asamblea Nacional de Rectores debía ser reactivada.

Precisó que se deben realizar modificaciones al Código Procesal Constitucional para evitar decisiones judiciales, como en el referido caso en el que un juez estableció que la creación de la Superintendencia de Educación (Sunedu), contemplada en la Ley Universitaria, es inconstitucional.

“La sentencia de un juez de Ica que declara inconstitucional la Ley Universitaria requiere de una respuesta inmediata del Congreso de la República mediante la aprobación de un conjunto de reformas al Código Procesal Constitucional, o de lo contrario seguirá poniéndose en tela de juicio la estabilidad jurídica”, aseveró.

Gutiérrez Ticse enfatizó en que este tipo de sentencias expresan un desequilibrio de poderes en la medida que una ley es un instrumento legal aprobado por un estamento de capital importancia en la democracia constitucional que no puede anularse por un juez de primera instancia.

“En un despacho judicial no se puede terminar cuestionándose la validez de una ley que ha requerido de altos consensos en el Poder Legislativo”, indicó.

Agregó, en ese sentido, que sería pertinente modificar el Código Procesal Constitucional para otorgar competencia en las demandas contra leyes y resoluciones judiciales a las salas superiores.

“De esta manera, la Corte Suprema tendría la oportunidad de pronunciarse en segunda instancia y no como ahora en donde no hay posibilidad alguna de acceder al más alto tribunal judicial por cuanto los amparos concluyen en las instancias inferiores”, detalló el jurista.

Sostuvo también que deben suspenderse los amparos cuando haya una demanda de inconstitucionalidad en trámite.

“Con ello se impedirá la proliferación de decisiones judiciales que ponen en riesgo la seguridad jurídica”, convluyó.