Lunes, 6 de Mayo del 2024 
Lima, ene. 17. Un total de 53 menores en situación de calle y sus familias recibieron asistencia legal por parte de defensores públicos que cautelaron sus derechos, gracias a un convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Programa Nacional Yachay.
El convenio, firmado en junio del año pasado, se implementó en setiembre y permitió atender situaciones de violencia, abuso, infracción a la ley penal, proceso de alimentos, tenencia, rectificación de partidas, trata de personas, explotación sexual y laboral.
La cobertura del Servicio de Defensores Públicos Adscritos alcanza actualmente a Lima y Callao.
La intervención de los defensores públicos es gratuita, oportuna, personalizada, técnica y eficaz, y se enmarca en las competencias establecidas de la Ley Nº 29360 – Ley de Servicio de Defensa Pública y su reglamento Decreto Supremo N°012-2009-JUS.
“Lo que se busca es atender a las niñas, niños y adolescentes y fortalecer las capacidades de los Defensores Públicos en la temática de niñez y adolescencia en situación de calle, para que brinden una atención especializada y de calidad”, manifestó Amelia Cabrera Salazar, directora ejecutiva del Programa Nacional Yachay.
Resaltó que la propuesta de defensores públicos adscritos a niños, niñas y adolescentes en situación de calle es única en Perú, dado que une la experiencia y metodología del Programa Nacional Yachay y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en defensa de esta población vulnerable.
“Los defensores públicos son el apoyo legal para los educadores de calle del programa Yachay, quienes buscan prevenir y atacar las causas que condicionan la permanencia en calle de los niños, niñas y adolescentes a fin de restituir sus derechos (alimentación, salud, relaciones familiares sanas, escolaridad, recreación, entre otros)”, anotó.
Educadores de calle
Los educadores de calle pueden detectar hechos que se configuran como delitos, los cuales deben ser denunciados por los defensores públicos adscritos ante la Policía Nacional del Perú o la Fiscalía Penal de Turno.
Además, deben comunicar el hecho a las instancias administrativas como la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), por estar involucrados niños, niñas y adolescentes.
En ese sentido, los abogados ejecutan intervenciones articuladas con el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Tutelar del MIMP, el Programa Nacional contra la Violencia Familia y Sexual y la Policía Nacional del Perú (a través de la Dirección de Delitos de Trata de Personas y la División de Familia y Poblaciones Vulnerables), con la finalidad de restituir los derechos de esta población vulnerable.
La intervención de estos profesionales en derecho, también pretende fortalecer la acción multisectorial e intergubernamental que tiene que efectuarse luego de las intervenciones de protección, en caso de presunto estado de abandono y/o explotación.
Durante la intervención, el defensor público tiene el deber de priorizar la no revictimización del usuario, guardar la reserva o el secreto profesional, ejercer su defensa de manera técnica, idónea y oportuna, y mantener informado a la familia sobre todas las circunstancias del proceso.
