La realización de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20), en la ciudad de Lima, Perú, del 1 al 12 de diciembre de 2014 conllevan un reto de trascendencia para el país y el mundo: aprobar el borrador de un nuevo Acuerdo Climático Global vinculante, que redefina los compromisos de los Estados y la comunidad internacional, para reducir los gases de efecto invernadero (GEI) e implementar políticas de adaptación y mitigación para enfrentar el mayor problema global que enfrenta la humanidad: el cambio climático.
Dada la magnitud del impacto del cambio climático sobre los pueblos del mundo –y en especial sobre los pueblos indígenas u originarios– los Estados y gobiernos tienen la obligación de escuchar las diversas voces, demandas y propuestas de los pueblos que por medio de las organizaciones civiles y movimientos sociales (ambientalistas, agrarios, indígenas, sindicales y ciudadanos en general) expresarán su común aspiración de transitar hacia nuevas formas de vida y convivencia basadas en el Buen Vivir y el respeto de los derechos humanos y de la Madre Tierra.
El cambio climático –ocasionado principalmente por la emisión de GEI proveniente de los países industrializados– tiene una mayor afectación en los países menos industrializados, a pesar que éstos contribuyen en menor medida a su generación. Esta situación exige avanzar de manera efectiva hacia una Justicia Climática global.
El cambio climático es una realidad irreversible que afecta con mayor gravedad a las comunidades y pueblos indígenas, cuyas prácticas productivas, sociales y culturales guardan una estrecha relación con el ambiente y la Madre Tierra.
El cambio climático ya afecta la disponibilidad de bienes comunes (agua, tierra fértil, biodiversidad, etc.), cultivos y alimentos, agravando la salud de todos los seres vivos. Los eventos climáticos extremos ocasionan severos daños a las comunidades y ecosistemas, incrementando la vulnerabilidad de las poblaciones más empobrecidas, en particular la situación de las mujeres indígenas y rurales.
Las políticas neoliberales promueven modelos de producción a gran escala y un enfoque de competitividad agrícola que va en desmedro de los sistemas agroalimentarios. Brindan facilidades al capital privado para concentrar la tierra, privatizar los bienes comunes, controlar el acceso al agua y marginan a la pequeña agricultura familiar, indígena y campesina que sustenta la alimentación popular. En este contexto, la crisis climática aumenta los riesgos sobre la seguridad y la soberanía alimentaria e incrementa la amenaza sobre la biodiversidad, patrimonio de la humanidad.
El cambio climático afecta la reserva de agua dulce de los glaciares e incrementa el nivel del mar, generando riesgos para las poblaciones costeras. La contaminación de cuencas, ríos y lagunas por la extracción indiscriminada de minerales e hidrocarburos, así como el consumo intensivo de la agroindustria, e incrementan el estrés hídrico en diversas regiones del planeta. Los Estados tienen la obligación de preservar las fuentes hídricas y garantizar el derecho humano al agua, así como el saneamiento y gestión pública de las empresas proveedoras de agua potable.
Advertimos que el problema del cambio climático no es solo ambiental, sino que involucra al conjunto de la vida social y natural, por lo que debe abordarse en toda su complejidad y de manera integral. La situación actual exige de manera imperiosa adoptar políticas y medidas orientadas a frenar el calentamiento global (mitigación) así como a disminuir sus impactos (adaptación) sociales, económicos y culturales.
Urge que los Estados asuman compromisos específicos para atender las necesidades de adaptación climática de los pueblos más vulnerables y promuevan programas que desarrollen sus capacidades para la resiliencia territorial, aprovechando y potenciando los conocimientos locales y tradicionales.
Urge avanzar hacia la erradicación del uso de combustibles fósiles como base de la matriz energética. Deben detenerse las tecnologías no convencionales (fracking) para explotar hidrocarburos y evitar el subsidio a los combustibles fósiles. Por el contrario, se deben destinar mayores recursos para la investigación e inversión en tecnologías limpias y alternativas.
Llamamos a construir un modelo de vida que vaya más allá de la “economía verde”, que basada en la lógica capitalista pone un precio a la Naturaleza y la mercantiliza con el disfraz de responsabilidad social y ambiental. Esta lógica de mercado subyace en los créditos de carbono y otras falsas soluciones al cambio climático que permiten privatizar la Madre Tierra y vulnerar los derechos de los pueblos originarios sobre sus territorios y bienes comunes.
Finalmente llamamos a todos los pueblos y movimientos sociales del mundo a hacer causa común en la Cumbre de los Pueblos para defender y promover el trabajo decente, vinculado a un modelo de desarrollo sostenible que permita a los pueblos y trabajadores salir de la pobreza y progresar social y económicamente, asegurando para ellas y sus familias un medio ambiente protegido para las próximas generaciones.
