Martes, 26 de Noviembre del 2024
Informó el Instituto Nacional Penitenciario
En un periodo de dos meses, Proinversión debe lanzar la declaratoria de interés de la Venta del Penal de Lima, conocido como San Jorge, ubicado en el Cercado, informó el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe.
Anotó que una vez lanzada la declaratoria se tendrá que esperar tres meses más para convocar al concurso público, como sucedió con los equipos de bloqueadores de celulares para los penales.
Pérez Guadalupe indicó que existe una propuesta interesante de una empresa privada en relación al destino del inmueble donde se encuentra el mencionado penal, que se está trabajando desde hace dos años.
Señaló que en el caso de que no hubiera otro participante en el concurso público, además de la empresa mencionada, esta sería la ganadora.
Explicó que la propuesta de esta empresa consiste en la construcción de un nuevo penal en las afueras de la ciudad y tres veces más grande que el San Jorge, que tiene un área total de una hectárea.
“Lo importante es que aquí no estamos pensando solo como Inpe sino como Estado, porque además de conseguir un nuevo penal totalmente equipado, donde actualmente se encuentra el San Jorge se levantará un gran centro comercial que dinamizará toda la zona”, dijo el funcionario a la agencia Andina.
En el plan de venta de penales, se ha incluido a los penales de mujeres de Chorrillos y el de Quencoro del Cusco
Sobre este último mencionó que tiene una extensión de 13 hectáreas y se encuentra en plena avenida, lo que aumenta considerablemente su valor.
“A cambio de la venta de ese terreno pensamos obtener un penal regional a media hora de Cusco”, dijo y agregó que los penales más difíciles de vender serán los dos ubicados en el distrito de San Juan de Lurigancho, por sus dimensiones y población penal.
Respecto a los bloqueadores para celulares en los penales, Pérez Guadalupe dijo que este mes debe firmarse el contrato respectivo y de allí la empresa ganadora tendrá un plazo de dos años para completar el sistema en 40 penales del país, sin que al Estado le cueste un centavo.
