Domingo, 22 de Diciembre del 2024
La Contraloría estableció que la Caja evaluó y contrató irregularmente a la empresa Acres Sociedad Titulizadora, descartándose propuestas válidas de otras instituciones financieras. Dicha compañía fue incorporada y evaluada en el proceso de selección, pese a no estar inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Las empresas competidoras sí lo estaban.
La factura de dicha empresa fue girada y recibida antes de la realización del Estudio de Mercado, de la evaluación de las propuestas y de la suscripción del contrato. Así, no se eligió la propuesta más económica y el costo adicional pagado a Acres por la Caja Metropolitana fue de S/. 416.540.
Otro caso es el préstamo de US$ 1’100.000 otorgado a Promotora Chulucanas, del empresario chileno Andrés Muñoz Ramírez, para un proyecto habitacional. Este hombre de negocios es amigo de José Miguel Castro. Y este último es presidente del directorio de la Caja, actual gerente de la Municipalidad de Lima y brazo derecho de Villarán.
La empresa no calificaba como sujeto de crédito y el proyecto a ejecutar no era económicamente viable al momento de otorgar el crédito.
EMMSA – RELIMA
Funcionarios de Emmsa no previeron el servicio de limpieza para el Mercado Mayorista de Santa Anita. Diversos documentos evaluados por la Contraloría determinar que esta considere que se permitió la creación de condiciones para que la empresa privada Relima alegue haber prestado el servicio de limpieza sin que exista proceso de selección ni contrato administrativo alguno.
De acuerdo a lo fiscalizado, la Empresa Municipal de Mercados S.A. (Emmsa) recibió documentos de cobro por servicios de limpieza sin contrato. Ello permitió que la compañía de limpieza exija un pago por un monto de S/. 3’677.000. Para la Contraloría, hay indicios razonables de la comisión de delitos contra la administración pública, de omisión de acto funcional y corrupción de funcionarios.
CÁMARAS DE SEGURIDAD
Los auditores encontraron que funcionarios ediles responsables de la seguridad ciudadana no adoptaron las acciones necesarias y obligatorias para garantizar la continuidad del servicio de cámaras de seguridad en el Cercado de Lima, cuando el contrato vencía el 4 de junio del 2013.
También se halló que, encontrándose cercano el vencimiento del referido contrato, se ejecutaron actos y procedimientos tardíos e ineficaces destinados a la compra de cámaras y equipos de videovigilancia a la empresa SICE. Esto ha permitido que esta compañía exija a la Municipalidad de Lima el pago de S/. 464.855 por un servicio incompleto y sin contrato administrativo desde el mes de junio del 2013 a diciembre del mismo año.
PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS
Funcionarios de la Municipalidad de Lima otorgaron la conformidad y pagaron un servicio de asesoría en gestión administrativa para la sub gerencia de Servicios Generales, servicio que no se efectuó. La Contraloría sostiene que estos hechos configuran indicios razonables de la comisión del delito contra la administración pública – corrupción de funcionarios, en la modalidad de Peculado Doloso, los cuales han sido denunciados ante el Ministerio Público.
SIN OPINICIÓN PREVIA EN GRANDES PROYECTOS
En la concesión de los proyectos Vía Expresa Sur y Vías Nuevas de Lima, por casi US$700 millones, los funcionarios de la Municipalidad de Lima celebraron contratos sin solicitar ni contar con el informe previo de la Contraloría ni con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, quebrando así normas de orden público de obligatorio cumplimiento, según la entidad fiscalizadora.
Esta indicó que la situación descrita impidió que pueda comprobar previamente los efectos de dichos contratos de concesión sobre la capacidad financiera del Estado.
SAT LIMA
Funcionarios de la actual gestión de Susana Villarán no emitieron fotopapeletas por S/. 1’455.400 en el período 2012 – 2014, pese a existir la evidencia fotográfica de las infracciones cometidas. En el 2013, se anularon irregularmente 612 papeletas que estaban debidamente sustentadas. Para la Contraloría, esta decisión es ilegal y ocasionó un perjuicio de S/. 271.728 a la comuna.
CERCO PERIMÉTRICO
Funcionarios de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) sobreestimaron el precio de la partida de instalación del cerco metálico de una obra que ha ocasionado un perjuicio económico a la entidad por S/. 269.630. Esto se produjo en el proyecto “mejoramiento de la Geometría Vial de la Av. Universitaria, tramo calle Santa Teodosia – Avenida Bolívar – Avenida La Mar”.
EMMSA
Funcionarios de esta entidad no gestionaron las licencias de edificación de una puerta del Mercado de Santa Anita ni para la construcción de los puestos de la PNP, Serenazgos y accesos. Por ello, la Municipalidad de Santa Anita aplicó dos multas que ascienden a S/. 112.005. Esto es un perjuicio económico a la entidad de la comuna metropolitana.
