Domingo, 22 de Diciembre del 2024
Por: Guillermo Vidalón del Pino
La Organización de las Naciones Unidas informa que en el ranking de países con mayores emisiones de CO2 al ambiente el Perú ocupa el puesto 72 a nivel mundial, mientras que Nueva Zelanda -un país con mayor desarrollo relativo que el nuestro- se encuentra en el puesto 69. ¿Qué podemos hacer para alcanzar su bienestar y mejorar nuestro desempeño ambiental?
Primero, disponer de información confiable; segundo, evaluar dónde es más rentable, en términos ambientales, hacer las mayores mejoras; tercero, investigar para que todas nuestras actividades económicas se desempeñen de manera amigable con el ambiente; cuarto, compensar el impacto ambiental que pudiese resultar de alguna de nuestras potencialidades para garantizar un saldo favorable al conjunto de la nación.
Al respecto, el Ministerio del Ambiente ha dado a conocer que el Perú emite 250.5 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (Mt CO2eq), de los cuales la minería aportaría menos del 0.76 por ciento (lo que equivale a 1.9 Mt CO2eq). Dicho porcentaje indica que la preocupación que existe en la opinión pública respecto del impacto ambiental de esta actividad ha sido distorsionada.
¿Quiénes han sido los forjadores de esta mala imagen y por qué? Podría haber muchos interesados, unos podrían ser los extractores ilegales de minerales, quienes cuentan con suficientes recursos como para financiar a aquellos “ambientalistas” que se oponen decididamente al desarrollo de una industria como la minería, y terminan facilitando la invasión de zonas exploradas y concesionadas por el Estado a favor de extractores ilegales.
Tal como ocurre en Tambogrande, en la región Piura, donde ciertos ambientalistas se opusieron acremente al ingreso de una empresa minera para luego guardar silencio ante la presencia de los extractores ilegales. Inclusive, las actuales autoridades de Tambogrande hoy son conscientes de que mejor hubiese sido el ingreso de la minería formal. Ante estos hechos, cabe preguntarse ¿alguien conoce de alguna voraz campaña en contra de los extractores ilegales promovida y financiada por organizaciones ambientalistas?. Creo que no, al menos ninguna comparable a la que se llevó a cabo en contra de la minera Manhattan.
Otro de los eventuales opositores al desarrollo de las actividades mineras en algunas zonas del interior del país podría ser el narcotráfico. Una actividad formal refuerza la presencia del Estado y, por lo tanto, las actividades delictivas tendrían que enfrentar un escenario adverso. Si la actividad minera es el principal motor de la economía nacional y no es la principal generadora de impactos ambientales -opera en menos del 1.2 por ciento del territorio nacional y genera aproximadamente el 60 por ciento de las divisas que ingresan al país- ¿por qué no otorgar un tratamiento especial frente a ciertos ilícitos que se cometen en contra de la actividad minera y, por consiguiente, en contra del desarrollo del país? Además, la Constitución ya concede un tratamiento especial a actividades delictivas que significan un riesgo mayor al Estado, como son el terrorismo, el narcotráfico, la traición a la patria.
Sin embargo, volvamos al inventario ambiental y analicemos los beneficios que se pudiesen obtener si se actúa en rubros como a) Tala y quema de árboles 112.6 Mt CO2eq, b) Generación de energía a partir de madera y follaje 56.2 Mt CO2eq, c) Transporte (público y privado, pasajeros y carga) 14.9 Mt CO2eq. Solo estos tres sectores, en conjunto, representan más del 73 por ciento de las emisiones. Frente a la Tala y quema de árboles, más allá de establecer sistemas de control satelitales y conformar grupos de respuesta rápida, es difícil y poco lo que se puede lograr por la extensión del territorio; la generación de energía a partir del consumo de madera y follaje podrá ser remplazada de manera eficiente si se distribuye y masifica el consumo de otras fuentes de energía alternativa, como pudiese ser el gas natural; contar con un transporte más eficiente y eficaz implica promover y respaldar la inversión en infraestructura vial, en el remplazo de los actuales vehículos de pasajeros por otros de mayor volumen que empleen gas natural, así como el establecimiento de un sistema ferroviario para carga y pasajeros a nivel nacional, terminales terrestres de carga y pasajeros, los denominados puertos secos y un sistema de transporte único de contenedores hacia los puertos fluviales, lacustres o marítimos del país etc.
Adicionalmente, podemos lograr un manejo más eficiente de los desechos sólidos de las ciudades o transformarlos en combustibles a través de una tecnología que acelera el proceso de la naturaleza para la producción de petróleo.
¿Podemos en el Perú actuar de manera más eficiente, reduciendo nuestro impacto ambiental y, en simultáneo, elevar nuestra productividad para ser más competitivos y generar mayor bienestar y desarrollo?, la respuesta es sí. Entonces, ¿qué estamos esperando para pisar con firmeza el acelerador y seguir avanzando?
