Conozca a los jueces de La Haya que definirán diferendo marítimo entre Perú y Chile
Publicado el 22/01/14
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que este lunes 27 dictará su sentencia inapelable sobre el límite marítimo entre Perú y Chile, está integrada por 15 magistrados, encabezados por el eslovaco Peter Tomka.
Dicho juez, que tendrá a su cargo la lectura del veredicto el 27 de enero a partir de las 09:00 horas de Perú, es integrante de la corte desde 2003 y trabajó en la cancillería de la antigua Checoslovaquia y de la nueva república Eslovaquia.
Obtuvo grados de doctorado de la Universidad de Charles en Praga en 1979 y 1985, y realizó estudios en la facultad de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en Kiev, Ucrania. Fue elegido presidente en 2012.
Lo acompañan el mexicano Bernardo Sepúlveda-Amor, como vicepresidente; así como Hisashi Owada, de Japón; Ronny Abraham, de Francia; Antonio Cancado, de Brasil; Dalveer Bhandari, de India; Leonid Skotnikov, de Rusia; y Julia Sebutinde, Uganda.
Igualmente, Xue Hanqin, de China; Joan E. Donoghue, Estados Unidos; Christopher Greenwood, de Reino Unido; Giorgio Gaja, de Italia; Mohamed Bennouna, de Marruecos; Kenneth Keith, de Nueva Zelanda; Abdulqawi Ahmed, de Somalia.
Figuran además, como jueces ad hoc, Gilbert Guillaume, francés que representa a Perú; y Francisco Orrego, chileno que representó a su país en este diferendo marítimo.
La CIJ, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, fue establecida en junio de 1945 con la Carta de las Naciones Unidas y comenzó su trabajo en abril de 1946.
El primer caso que ingresó a la lista general del tribunal fue el 22 de mayo de 1947. Desde esa fecha hasta hoy registra 156 casos.
Entre los últimos casos resueltos figura la denegación de las medidas cautelares exigidas por Nicaragua a causa de presuntos impactos ambientales por la construcción de una carretera paralela al río San Juan en la frontera con Costa Rica.
Actualmente, tiene, entre otros procesos, el caso Timor-Leste (isla de Timor Oriental), que demanda a Australia por la incautación y retención de documentos y bienes.
