Viernes, 22 de Noviembre del 2024
La polémica rodea el reciente viaje a China de algunos congresistas y sus familias, entre los que se encontraba el presidente Fredy Otárola. Pese a la aclaración de que la visita no ha sido costeada por el Estado, las dudas persisten. La falta de transparencia se evitaría si el Congreso cumpliese la ley.
El escándalo saltó en las portadas de los principales diarios del país: el presidente del Congreso, Fredy Otárola y los congresistas José León Rivera, Javier Velásquez Quesquén, Enrique Wong Pujada y Rolando Reátegui Flores, se encontraban en China sin saber muy bien por qué. Se presumía, además, que lo hacían en visita oficial. Es decir, que el viaje lo pagaba el Estado.
Antes incluso de que regresaran, trascendió que la familia de Otárola también se había apuntado al viaje. Según informaciones posteriores proporcionadas por el propio Otárola, Velásquez Quesquén viajó con su hija; José León lo hizo acompañado de su esposa.
Ya en Lima, la crisis pasó desapercibida por el histórico fallo de La Haya. Superada la resaca diplomática, eso sí, Otárola tuvo que enfrentarse a la crisis. Lo hizo a partir de una rueda de prensa que, aunque convocada con motivo del mencionado fallo, fue protagonizada por el viaje a China y Japón. Sus declaraciones, sin embargo, dejaron más dudas que certezas.
Más transparencia
En respuesta a varias de las preguntas de los periodistas, el presidente del Congreso destacó que los costos del viaje habían sido cubiertos por el gobierno chino, y no habían costado “ni un sol al erario”. Sobre los costos del viaje de su familia, realizado por motivos de turismo, declaró que habían sido cubiertos por sus propios ahorros. “Yo no veo ninguna falta ética en la medida que no se ha utilizado dinero público”, concluyó.
Sin entrar a valorar las posibles contradicciones de Otárola al respecto de los propósitos oficiales del viaje, así como del financiamiento de este, lo cierto es que él mismo admitió que el manejo de la información sobre el mismo ha resultado insuficiente. “El Congreso debe ser más proactivo. Las páginas informativas tienen que agilizarse y ser más transparentes, porque a veces el ocultamiento involuntario genera sospechas”, dijo.
Se refería, claro está, a otros de los aspectos fundamentales que ha revelado esta crisis: la falta de información sobre los viajes de los congresistas. En este caso, el acuerdo de mesa directiva que autorizó el viaje no se publicó de manera oportuna en la web del Congreso. “No entiendo por qué”, fue la explicación de Otárola. El problema, en cualquier caso, es que ni siquiera con la publicación de ese acuerdo se habría cumplido con lo que dice la ley.
Mucha más transparencia
En el año 2002, durante la presidencia de Alejandro Toledo, se promulgó la Ley Nº 27619. Detrás de esos números se encontraba el título de “Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos”. Su objetivo fundamental, entre otros, era el de ejercer un control sobre esos viajes, con el ánimo de fiscalizar los gastos del Estado en este apartado.
A lo largo de sus seis únicos artículos, la ley establece aspectos como la necesidad de que los viajes de los funcionarios del Estado deben estar sustentados en “el interés nacional o institucional”; la obligación de que los viáticos sean “calculados conforme a la Escala de Viáticos por países”; o que el funcionario o servidor público debe presentar “un informe de las acciones realizadas durante el viaje autorizado, así como la rendición de cuentas que establecerá el reglamento de la presente Ley”.
Sobre este último informe también se pronunció Otárola, aunque de manera algo vaga. “Me dicen (por la Oficialía Mayor del Congreso) que desde hace décadas este se publica en los quince días posteriores a la realización del viaje de representación”. Con la intención de dar por concluido el escándalo, adelantó que difundirían el mencionado informe antes de ese plazo.
Cuestionado nuevamente por algunos periodistas sobre la idoneidad de informar de manera previa sobre estos viajes, Otárola comentó que “usualmente no se informa antes, sino se informa después, ya con los resultados del caso. En todo caso son sugerencias que hay que evaluar para próximas oportunidades”.
Costumbres ilegales
Entre los seis artículos de la Ley Nº 27619 cabe destacar el número 3, que hace referencia a la publicidad. Dice así: “las resoluciones de autorización de viaje deberán publicarse en el Diario Oficial El Peruano, con anterioridad al viaje”.
La sugerencia que Otárola estaba dispuesto a evaluar, por tanto, no es tal. Es la ley. Una ley que ha sido despreciada absolutamente por los congresistas, si se analizan con detenimiento todas las ediciones del diario oficial El Peruano desde que se promulgara la ley. Solo cuatro viajes de congresistas han sido publicados en estos más de diez años. Fueron hace mucho tiempo.
Tanto que se remontan al origen de la norma. El primero de ellos fue el del entonces congresista Juan Manuel Figueroa, a quien la resolución publicada el 25 de noviembre de 2002 lo autorizaba a participar en el “IV Foro Internacional para Parlamentario y Autoridades Locales interesados por el Turismo”, a celebrar en la ciudad de Panamá. En la misma resolución se incluían los viáticos y los costos del pasaje.
Se incluía, el mismo día, un viaje de la congresista Rosa León, a una reunión en México de la Confederación Parlamentaria de las Américas y de la red de Mujeres Parlamentarias de las Américas. Unos días después, el 29, el de la congresista Paulina Arpasi, a México, a otra reunión. Luego, a partir del 21 de abril de 2005 –fecha en la que se publicó la autorización del viaje a Colombia del congresista Luis Alva Castro–, el silencio informativo. Desde entonces, los viajes de los congresistas no existen para el ciudadano común.
Una interpretación sesgada
Cuenta la leyenda que en los pasillos del Congreso, sus habitantes se sienten eximidos de la norma que obliga a los funcionarios y servidores públicos a informar previamente de sus viajes en el diario El peruano. Esa sensación viene dada, según fuentes conocedoras de la situación, por la interpretación que se le da al artículo 1, donde se enumera a los funcionarios y a los organismos incluidos en la norma.
Mientras que la enumeración de los ministerios se cierra con la mención de que los viajes “se autorizarán mediante Resolución Ministerial del sector correspondiente, la que deberá ser publicada en el Diario Oficial El Peruano, antes del inicio de la comisión de servicios”, la lista en la que se incluye al Congreso no lo hace, se cierra con un escueto: “se autorizarán mediante Resolución de las más alta autoridad de la respectiva Entidad”.
No obstante, esa lectura olvida que el artículo 3 de la norma establece claramente que las resoluciones de autorización de viaje –sin ninguna excepción, ya sea que seas congresista o no- deberán publicarse en el Diario Oficial El Peruano, con anterioridad al viaje. Se entiende así que Otárola, pero también el resto de congresistas, se excusen de esa obligación, amparados en prácticas definidas por conceptos como “usualmente” o “me dicen que desde hace décadas…”. No solo en esta legislatura, sino también en las anteriores. Incumplen la ley, pero ni siquiera la conocen; son congresistas.
