Domingo, 22 de Diciembre del 2024
El Senado uruguayo comenzó el martes a debatir un proyecto que convertirá al país en el primero en legalizar la producción y venta de marihuana, experimento que busca enfrentar el narcotráfico, en la región donde la lucha contra las drogas es la más letal.
“La guerra contra las drogas ha fracasado”, aseguró al presentar el proyecto el senador Roberto Conde, de la coalición gobernante de izquierda Frente Amplio, con mayoría parlamentaria que le asegura la aprobación del inédito y polémico texto.
El plan uruguayo, que va más allá que las flamantes legislaciones de los estados estadounidenses Washington y Colorado o de países como Holanda o España, es una “respuesta ineludible” a este fracaso, consideró.
El legislador aseguró que entre otros aspectos el proyecto busca solucionar la “grotesca incongruencia jurídica” que implica que si bien el consumo de drogas no está penado en Uruguay, hasta ahora sí lo está su producción y comercialización.
La inédita iniciativa que habilitará la producción, distribución y venta de cannabis, el autocultivo y los clubes de consumidores, todo bajo control estatal, ha sido promovida por el presidente José Mujica, un exguerrillero de 78 años, quien no ha dudado en calificarla como un experimento y aseguró que si no funciona está dispuesto a dar marcha atrás.
FIN DE PARADIGMA PROHIBICIONISTA
“Esto quiebra el paradigma prohibicionista y se pasa a un esquema de regulación, es el deseo que tenemos desde hace 10 años”, dijo a la AFP Juan Vaz, vocero de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay y quien en 2007 estuvo 11 meses preso por tener plantas de cannabis en su casa para consumo personal.
Así, la Coordinadora nacional por la regulación de la marihuana convocó para la tarde del martes a “la última marcha con la marihuana ilegal” hacia el Palacio Legislativo.
Según el texto debatido en el Senado, los consumidores mayores de 18 años podrán acceder a la droga mediante el autocultivo -con un límite de seis plantas por persona-, clubes de membresía o comprándola en farmacias, con un tope de 40 gramos mensuales. En todos los casos deberán registrarse ante el Estado.
El gobierno -que lanzó la semana pasada una campaña con la consigna “Todo consumo de drogas tiene riesgos”- defiende además la iniciativa como una política sanitaria de reducción de daños.
“Esta realidad ya está instalada en el país. La marihuana es la droga ilegal de mayor consumo, fundamentalmente entre los jóvenes, ya tiene una bajísima percepción de riesgo y es de fácil acceso”, sostuvo Conde.
El consumo de cannabis, que representa el 70% del consumo de drogas ilegales en Uruguay, se ha duplicado en los últimos 10 años. Según las autoridades hay unos 128.000 fumadores de cannabis, aunque las asociaciones de consumidores calculan que rondan los 200.000.
RIESGOS PARA LA SALUD
Desde la oposición, que rechaza la iniciativa, se advierte sobre las consecuencias que puede tener el proyecto sobre el consumo y la salud de la población.
Si el Estado autoriza y canaliza la venta de cannabis esto generará “una disminución de la percepción de riesgo y del consumo en la población, specialmente en los niños y adolescentes”, aseguró el senador Alfredo Solari, del Partido Colorado.
“Ni nuestro gobierno ni el resto del mundo debería experimentar con los uruguayos”, advirtió.
La iniciativa es también cuestionada por los químicos farmacéuticos, que rechazan la idea de que la droga sea vendida en las farmacias.
Además, divide a los psiquiatras uruguayos, enfrentando a quienes afirman que abatirá el consumo de drogas más peligrosas y quienes sostienen que banaliza los efectos nocivos del cannabis.
La ley sigue despertando además resistencia entre los 3,3 millones de uruguayos: una encuesta hecha en setiembre señaló que el 61% la desaprueba.
TODOS MIRAN A URUGUAY
Tampoco los consumidores son unánimes: mientras muchos celebran, otros cuestionan el hecho de tener que registrarse y los límites al consumo que aplicará el Estado.
“Es invasivo ya que no corresponde al Estado determinar cuánta marihuana se puede consumir y de qué calidad”, dijo a la AFP Alicia Castilla, argentina autora de “Cultura cannabis” y que estuvo en 2011 tres meses presa por tener plantines de marihuana en su casa.
Castilla ve además con escepticismo la posibilidad de que el Estado logre controlar un mercado con miles de autocultivadores.
En una región donde la guerra contra las drogas ha dejado decenas de miles de muertos, el proyecto ha sido respaldado por expresidentes latinoamericanos integrantes de la Comisión Global de Política de Drogas, que sostiene que la lucha frontal contra el narcotráfico ha fracasado, pero es visto con preocupación por los vecinos Argentina o Brasil.
En tanto, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que vigila la aplicación de los tratados internacionales sobre drogas, ha advertido que el proyecto vulnera la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes adoptada por 186 países, incluido Uruguay.
“Estamos convencidos de que podemos aplicar nuestra política en forma totalmente compatible con nuestras obligaciones internacionales”, enfatizó el martes Conde.
La regulación del cannabis en Uruguay se suma a la legalización en los últimos meses del aborto y el matrimonio homosexual, y a una larga historia de leyes sociales liberales en el país.
