Viernes, 22 de Noviembre del 2024
Afirma secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Javier Iguiñiz
Lima.- Las reuniones que sostuvo el Poder Ejecutivo con los partidos políticos y los gobiernos regionales ratifican la voluntad unitaria del país frente al próximo fallo de La Haya por el diferendo marítimo de Perú con Chile, opinó el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Javier Iguiñiz.
“Me parece que son reuniones satisfactorias. Está muy bien que se esté reuniendo (el Gobierno) con los partidos y gobiernos regionales para mostrar en los días previos al fallo de La Haya una expresión más de las tantas que ya hubo de unidad y de respaldo”, subrayó.
Los partidos políticos se reunieron el viernes por la mañana con representantes del Ejecutivo, en un encuentro en el que participaron el mandatario Ollanta Humala; el jefe del gabinete ministerial, César Villanueva; la canciller peruana, Eda Rivas; y el agente ante La Haya, Allan Wagner.
Posteriormente, el jefe del gabinete de ministros se reunió con los presidentes regionales para fijar una posición común ante el veredicto que este 27 de enero emitirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para resolver el diferendo marítimo entre Perú y Chile.
El Perú demandó a Chile en enero del año 2008 ante la CIJ para definir la frontera marítima debido a la negativa del país del sur de negociar un tratado de límites marinos, al argumentar que los tratados de pesca de 1952 y 1954 ya establecían una delimitación.
“Con lo que estamos viendo, se ratifica una voluntad unitaria que se viene trabajando hace bastante tiempo y que se confirma, en esta oportunidad, con el nuevo primer ministro”, aseveró Iguiñiz, en diálogo con la Agencia Andina.
Asimismo, expresó su esperanza en que los partidos políticos mantengan la “tregua a la confrontación política”, acordada en la víspera ante la proximidad del fallo de La Haya.
También señaló que espera la colaboración de las organizaciones políticas para actualizar e informar a la ciudadanía sobre la temporalidad y características de implementación de la sentencia, que será de cumplimiento obligatorio para ambos países.
