Más de 2,700 entidades públicas deberán presentar declaración jurada de funcionarios

Lima, dic. 21 . Al cierre de 2013, unas 2,700 entidades públicas deberán cumplir con presentar la declaración jurada de sus funcionarios y servidores utilizando el sistema en línea de la Contraloría General de la República, informó dicha institución.

Hasta noviembre pasado la cifra de entidades que había cumplido este paso, como parte de la política de modernización del Estado, llegaba a 1,683

 Las declaraciones juradas contribuyen a incrementar la transparencia de la función pública, mejoran la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y permiten reducir la incidencia de corrupción.

La revisión y análisis del documento permite detectar signos exteriores de riqueza o indicios de presuntos casos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos.

Desde hace cinco años, la Contraloría brinda facilidades a los funcionarios y servidores públicos obligados a presentar sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, mediante el uso de internet.

Para ello, se les asigna un usuario y clave de acceso a cada funcionario, quien debe registrar su información patrimonial en el sistema que se encuentra en el portal institucional www.contraloria.gob.pe.

Por otro lado, la Contraloría indicó que hasta julio entregó más de 1,500 declaraciones juradas a los ciudadanos que por acceso a la información solicitaron para conocer a cuánto ascienden los ingresos, bienes y rentas de los funcionarios.

 Detalló que se entregó información pública de 321 autoridades y funcionarios, sobre sus ingresos mensuales, la suma de todos los bienes muebles e inmuebles del declarante, la sociedad de gananciales, entre otros.

Como parte del control social, los ciudadanos pueden acceder a la declaración jurada de quienes administran recursos del Estado, ingresando al módulo de consultas del portal web de la Contraloría.

Por disposición del Gobierno, en los portales de transparencia de las entidades públicas se deben difundir las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios obligados a presentarlas.