Sábado, 23 de Noviembre del 2024
Cali, dic. 20 . El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, dispuso el despliegue de militares camuflados y soldados provistos de fusiles en diversos barrios de la ciudad de Cali para disminuir el alto índice de homicidios, informó la cadena RT en Español.
La decisión ministerial viene tras la masacre de noviembre pasado en la que murieron ocho personas acribilladas en un bar.
En Cali se registra el índice de homicidios más alto de Colombia. En lo que va de año, de acuerdo a los datos oficiales, se han cometido 1.773 asesinatos.
Esta triste estadística sitúa a la urbe como la tercera más violenta de Latinoamérica y la séptima a nivel mundial, según el consejo ciudadano para la seguridad pública y la justicia penal.
El alcalde municipal, Rodrigo Guerrero, afirma que la nueva estrategia empieza a dar resultados. “Ya se empieza a notar la disminución en los homicidios”, declaró.
Mientras, en las calles de los barrios intervenidos muchos habitantes destacan que la presencia del ejército es necesaria para repeler a los delincuentes.
Un total de 300 soldados patrullan en compañía de la Policía los barrios más afectados por la violencia.
Sin embargo, algunos sectores políticos de la ciudad plantean que lanzar a los soldados a patrullar las calles no resuelve el problema social de fondo que afronta el municipio.
Por este motivo piden que la militarización vaya acompañada de inversión social en materia de escolarización, recreación y oferta laboral en los barrios más pobres de Cali.
“Los problemas de la ciudad son estructurales. Venimos de una problemática de violencia desde hace muchos años que viene inmersa en lo social, vemos que el presupuesto anual en este campo asciende a los 12.000 millones de pesos, de un presupuesto total de dos billones, lo que no representa un porcentaje significativo”, asegura Fabio Arroyabe, presidente del Concejo Municipal de Cali.
Son muchos los factores que convierten a esta ciudad en la tercera más violenta de Latinoamérica, por delante de Caracas, la capital venezolana (que es la 3) y Maceió, en Brasil (la 6).
La medida de desplegar a soldados entre la población civil ha causado controversia, y algunos líderes piden que antes de mantener ahí a las tropas, el Estado debería pensar en intervenir socialmente.
“Que nuestros jóvenes sean incluidos en planes sociales, porque el ejército puede estar en diciembre, enero, febrero, pero luego se van, ¿y qué pasa? Vuelve todo al estado de antes: la violencia”, denunció el congresista Roberto Ortiz.
