Lunes, 23 de Diciembre del 2024
Bogotá, jul. 25 . El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo hoy por primera vez en la historia del país un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado en delitos cometidos durante medio siglo de conflicto armado, reportó la agencia Télam.
Durante la audiencia pública por el Marco Jurídico para la Paz, admitió incluso las graves violaciones a los derechos humanos que se vinieron formulando en las últimas décadas en el territorio colombiano.
“El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto”, expresó.
El Centro Nacional de Memoria Histórica reveló, en la víspera, que cerca de 220 mil muertos es el producto de cinco décadas de conflicto armado, siendo en mayoría civiles
“Estamos ante una posibilidad real de paz, tal vez la más cercana de nuestra historia”, subrayó, al mencionar el llamado Marco Jurídico para la Paz, que regula la desmovilización de los grupos armados en Colombia.
La sesión congregó a los nueve magistrados de la Corte Constitucional, cuyo pleno se encargará de definir si el Marco se ajusta a la Carta Magna.
Santos fue el encargado de pronunciar el primer discurso de la audiencia, encaminado a defender la utilidad del Marco como una herramienta para regular la desmovilización de grupos armados ilegales tras un eventual acuerdo entre los actores del conflicto.
El Marco Jurídico para la Paz fue una iniciativa del Gobierno aprobada en el Congreso en junio del año pasado, demandada seis meses más tarde por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo al considerar que abría puertas a la impunidad de crímenes del conflicto.
Dentro del texto de esta reforma constitucional, el origen de la controversia se ubicó en los principios de “priorización” de delitos y “selección” de los responsables, entre máximos y menores, que tendrá que hacer la Justicia y el Legislativo con los 304 mil hechos denunciados.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano comenzaron en noviembre de 2012 un diálogo encaminado a ponerle fin al conflicto que el domingo entrará en su siguiente ciclo de conversaciones para seguir tratando el segundo punto de la agenda, la participación en política.
Dentro de ese proceso, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) rechazaron públicamente este marco legal.
