Madrid, nov. 14 . El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, afronta hoy su segunda huelga general en menos de un año, en rechazo a los recortes sociales y una política económica que ha dejado a muchos españoles en el desempleo.
Las dos principales centrales sindicales de este país, Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), auguraron un masivo seguimiento de la medida de fuerza, que comenzó la pasada medianoche.
Otros gremios y más de un centenar de organizaciones sociales se adhirieron al paro, convocado por las dos asociaciones mayoritarias contra los duros planes de ajuste aplicados por el Ejecutivo del derechista Partido Popular en apenas 10 meses de gestión.
Recortes presupuestarios en sectores tan sensibles como la salud y la educación, subidas de impuestos, rebajas de salarios y una reforma laboral que facilita y abarata los despidos en un país con casi seis millones de desempleados, son cuestionados por los españoles.
Bajo el lema Nos dejan sin futuro, hay culpables, hay soluciones, la huelga en España se enmarca en una jornada de lucha que la Confederación Europea de Sindicatos realizará en casi todos los países del continente para denunciar los programas de austeridad.
Coincidirá, además, con una paralización de labores similar en la vecina Portugal, también en rechazo a las reformas liberales puestas en marcha por el gobierno del primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, quien ya soportó dos paros anteriores.
Los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y de la UGT, Cándido Méndez, afirmaron la víspera que no conciben un escenario de fracaso de esta nueva huelga, segunda tras la celebrada el 29 de marzo último y novena desde la instauración de la democracia.
Fernández Toxo, empero, admitió que hay muchos centros laborales en los que resulta difícil secundar una protesta por la presión de los empresarios, por el miedo a quedarse sin empleo o porque hay trabajadores que no se pueden permitir perder un día de sueldo.
A juicio de Toxo, los datos demuestran que las medidas adoptadas por el Palacio de la Moncloa (sede del poder central) conducen a una profundización de la recesión, a la pérdida de derechos y al empobrecimiento progresivo de los ciudadanos.