Jueves, 26 de Diciembre del 2024
Santiago, ago. 03 . La policía secreta del fallecido general Augusto Pinochet lideró una red de espionaje dentro y fuera de Chile que cruzó sus caminos con el Vaticano, el FBI, otras dictaduras latinoamericanas y la prensa, según miles de archivos secretos hasta ahora inéditos a los que accedió la agencia DPA.
Estos documentos, por décadas catalogados como reservados, confirman que los cuerpos represivos chilenos, la DINA primero y la CNI después, mantenían correspondencia casi diaria con ministros y otras autoridades, para coordinar operaciones en todo el mundo.
El coronel Manuel Contreras, que como director de la DINA planeó atentados en Estados Unidos, Argentina e Italia, tenía potestad incluso para investigar a los empleados del Estado como revela la circular reservada 35 F-151, de 1975.
“Su Excelencia (Pinochet) ha dispuesto que a partir de esta fecha ningún funcionario público sea contratado sin que previamente se adjunte a sus antecedentes un informe DINA respecto a las actividades que el interesado pudo haber realizado”, informó el ministro del Interior de la época, general Raúl Benavides.
En 1976, los poderes de la DINA son ampliados y detallados y podía investigar a todos los funcionarios y siendo la única responsable de instalar los teléfonos internos presidenciales en la administración pública.
La policía secreta, responsable de miles de desaparecidos, ejecutados y torturados, pasó a tener además un archivo con las fichas de todos los detenidos y perseguidos, cuya información envía a cuanto ministerio se la solicite.
La DINA, cuyo director Contreras está hoy preso cumpliendo un centenar de condenas, tenía poder incluso para dar órdenes a ministros.
La estrategia, contenida en 11 páginas distribuidas a ministros y jefes de servicios, tenía por misión “realizar una campaña de acción psicológica abierta y clandestina”, para neutralizar las denuncias por violaciones a los derechos humanos contra la dictadura chilena.
Las acciones abarcaban desde el uso de periodistas (que no son nombrados), para que ataquen a la CIDH, hasta la eliminación de películas de la II Guerra Mundial de la programación televisiva por aludir negativamente al nazismo.
También son propuestas campañas de ataques a los derechos humanos en Portugal, la Unión Soviética, Cuba y Vietnam, y hasta se organiza un partido de fútbol entre Chile y Brasil, como distracción.
Las coordinaciones entre la policía secreta y los ministros siguieron incluso tras de la disolución en 1978 de la DINA, después de que estallara una crisis con Estados Unidos por el atentado en Washington contra el ex canciller socialista Orlando Letelier, quien resultó asesinado.
La CNI, órgano que reemplazó a la DINA, impulsó desde ese año operaciones en Bolivia, Argentina y Brasil, a través de las embajadas, que remitían informes sobre la actividad de los exiliados, los medios de comunicación y organismos de derechos humanos locales.
Los archivos secretos revelan además el esfuerzo continuo de la dictadura (1973-1990) por desacreditar a sus opositores y ganar aliados, operación en la que también aparece involucrado el hoy diputado de Renovación Nacional Alberto Cardemil, correligionario del presidente Sebastián Piñera.
Cardemil, que fue en tiempos del régimen pinochetista viceministro de Interior, envió a la Cancillería las fichas secretas de los funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, para poner en marcha una amplia acción de desprestigio de esa entidad defensora de los derechos humanos liderada por la Iglesia católica.
Las operaciones detalladas en estos archivos revelan además el seguimiento a cientos de corresponsales dentro y fuera de Chile, como Pierre Kalfon de Le Monde y James Pringle de NewsWeek, entre casi un millar referidos en estos documentos.
También hay preocupación por la labor de artistas como el escritor Ariel Dorfman y los equipos de inteligencia remiten a autoridades de gobierno detalles de los debates en centros de estudio, lo que llaman “activismo intelectual”.
Los textos desnudan además los diálogos con el Vaticano para neutralizar a los sectores de la Iglesia que criticaban las violaciones a los derechos humanos, liderados por el cardenal Raúl Silva Henríquez.
Piezas clave son además los “Informes de Apreciación Sociológica” que la Armada prepara para la Junta Militar en los últimos años del régimen.
En ellos, es delineada la entrega del poder y las características que debe tener la democracia en ciernes, donde se espera que los militares no cedan “el principio de autoridad”.
“Ello ameritará la conveniencia de considerar en 1989 algunos cambios a la organización del Estado, preservando la sustancia institucional de los tres primeros capítulos de la Constitución”, propuso el 6 de enero de 1989 en esos textos el capitán Rodolfo Camacho.
Los cambios finalmente fueron acordados con la oposición política y la Constitución redactada entonces rige en Chile hasta hoy.
