MEM recuerda este es un proceso que se puede revertir si hay condiciones para una reestructuración
La Junta de Acreedores de Doe Run Perú garantiza los derechos de los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya, durante el proceso de liquidación en marcha de la empresa y el convenio de liquidación que se llevan adelante actualmente.
Así lo aseguró Rosario Patiño, asesora del despacho ministerial de Energía y Minas, quien recordó que la liquidación en marcha es un proceso que se puede revertir, siempre y cuando existan las condiciones que permitan llevar adelante la reestructuración de la empresa Doe Run.
“Desde que se aprobó esta liquidación en marcha hemos venido trabajando en primer lugar para definir una empresa que sea idónea y capaz de poder llevar adelante este proceso y aprobar el convenio de liquidación que debe suscribirse entre los acreedores”, explicó.
Aseguró que este asunto se está trabajando con “mucha responsabilidad” sobre todo teniendo en cuenta el tema de los trabajadores. “Sabemos que La Oroya es una ciudad que vive de Doe Run, pero que también tiene que cuidar y proteger el tema ambiental. Es uno de los principios que el MEM, como acreedor principal en la junta, está tratando de cumplir y llevar adelante firmemente”, subrayó.
La Junta de Acreedores, indicó, se encuentra analizando la designación de un liquidador “de una lista de 140 empresas que ya se está depurando para que ninguna tenga conflicto de intereses”, y recordó que la reestructuración de la empresa y el reinicio de operaciones aún es posible, siempre que se cumpla con las normas medioambientales.
“Recordemos que el acreedor vinculado a Doe Run, al igual que los trabajadores, sustentó su voto a favor de la liquidación en marcha en que esta decisión permitía que se podía revertir el acuerdo en cualquier momento, siempre que estuvieran dadas las condiciones y se pueda llevar adelante la reestructuración. Eso es algo que no deben perder de vista los trabajadores”, puntualizó.
Para que ello ocurra, refirió, Doe Run debería presentar un plan retirando todas las condiciones que hacen inviable su aprobación. Incluso, dijo, el liquidador, evaluando las condiciones, podría considerar que se puede revertir la liquidación e ir por la reestructuración con un cambio de administración.
Sobre la preocupación manifestada por los trabajadores en relación a sus puestos y remuneraciones, aseguró que se mantienen como tales. “Si bien el complejo de La Oroya está parado, la mina Cobriza sigue operando y está solventando las planillas, con lo cual los trabajadores mantienen esta condición y van a seguir cobrando, es decir hay una mala interpretación o tratan de inducir a que esto no esa así”, señaló.
La asesora ministerial pidió, igualmente, que no se trate de vincular al Presidente de la República “en una condición que es absolutamente de la Junta Liquidadora, donde el Estado ha dado su voz de alerta para que se cuide el tema ambiental y, a su vez, se respete y garantice el trabajo de los trabajadores que no tienen la culpa de la inestabilidad de la empresa”.