OXFAM presentó experiencias de Consulta Previa en Bolivia y Australia como aporte al Proceso de Implementación en nuestro País

Como un aporte al proceso de la implementación del reglamento de la Ley N° 29785, Ley de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios del Perú, Oxfam presentó dos experiencias exitosas de países que ya han implementado las consultas previas. Estas experiencias se presentarán a fin de contribuir y dar aportes al proceso de consulta, que en breve se irá implementando en el país.

En ese sentido, Oxfam contribuirá con este proceso presentando experiencias de procesos de consultas de industrias extractivas con pueblo indígenas de Bolivia y Australia.

Iván Bascopé, abogado constitucionalista y responsable del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social regional de La Paz, Bolivia. Ha trabajado en la elaboración y seguimiento de la ley de consulta para el sector hidrocarburos en Bolivia y acompañó el proceso de consulta a los pueblos indígenas de Charagua Norte, Bolivia.

También llegó a nuestro país Mark Rumler, abogado australiano con maestría en derecho minero por la universidad de Dundee. Ha trabajado en empresas mineras como Rio Tinto y también en el gobierno australiano. Así también ha trabajado por varios años como abogado en el NorthernLand Council in Darwin, representado a pueblos indígenas en procesos de negociación con empresas mineras y petroleras que buscan operar en tierras de pueblos indígenas.

Cabe recordar que esta ley se encuentra vigente desde el 31 de agosto de 2011 pero carece de reglamento, el cual establecerá los procesos con que deber ser aplicada. En los próximos días, el Consejo de Ministros debatirá la aprobación de su reglamentación.

Esta ley pretende ser el mecanismo facilitador de diálogo entre el Estado y las comunidades indígenas a fin de evitar conflictos sociales y enfrentamientos debido a las industrias extractivas. Según cifras al mes de enero del 2012 de la Defensoría del Pueblo, se da cuenta de 153 conflictos activos y 75 conflictos latentes. Más del 60% se deben a conflictos socio-ambientales.

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Fotos: Javier Espichán Gambirazio.