Domingo, 17 de Noviembre del 2024
Lima, mar. 06. Más de 100 directores de colegios públicos de Lima Metropolitana están procesados en el ámbito administrativo por negligencia en el retiro o uso del Fondo de Mantenimiento Preventivo destinado a sus respectivas instituciones educativas, se informó hoy.
Según Marcos Tupayachi, titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), se trata de 101 autoridades escolares, quienes representan al 3% de los directores en esa jurisdicción.
Recordó que esos fondos fueron depositados por el Ministerio de Educación en cuentas del Banco de la Nación en diciembre de 2011, a fin de que los directores tengan el tiempo suficiente para organizarse y disponer de la mejor manera las mejoras en los colegios.
Estas mejoras deben hacerse en aulas, laboratorios, servicios higiénicos, instalaciones eléctricas y sanitarias, entre otros, para brindar ambientes en buenas condiciones para los estudiantes, dijo.
Sobre este tema, la ministra de Educación, Patricia Salas, precisó que cada director recibió 603 nuevos soles por cada aula que tiene su respectivo plantel.
Tupayachi indicó que en la investigación en curso se determinará si, luego del retiro del dinero, los directores lo destinaron realmente al mantenimiento preventivo de la infraestructura educativa o le dieron un uso indebido.
Del mismo modo, se determinará si hay casos en que no se retiró los recursos económicos y cuál fue el motivo para no hacerlo.
El funcionario regional de educación agregó que el dinero pudo haberse destinado a la rehabilitación de la infraestructura, pero con lentitud o demora y eso perjudicó el buen inicio de clases.
“Al final estableceremos la responsabilidad respectiva y aplicaremos sanciones en función de la gravedad de la infracción, pero quiero dejar en claro que estas serán drásticas sin ninguna observancia porque los directores tienen la obligación de cumplir las normas establecidas”, remarcó.
Comentó que en el ámbito administrativo las sanciones pueden ir desde una suspensión hasta la separación definitiva del servidor público, sin perjuicio de las sanciones penales en caso de dolo que será denunciado ante la justicia.
