Lunes, 25 de Noviembre del 2024
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Modificarían ley para asegurar que comercios inseguros no se amparen en decisiones judiciales

Publicado el 21/02/12

Lima, feb. 21 . La presidencia del Poder Judicial anunció hoy que propondrá modificar la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva para evitar que cualquier persona o comercio se libere del cumplimiento de una decisión administrativa, como el cierre de locales inseguros.

A través de un comunicado, la máxima instancia judicial informó que se refiere específicamente a lo prescrito en el artículo 23.3 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

Este artículo señala que la sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva, precisa el texto del Poder Judicial.

Además, añade, como consecuencia de la suspensión de dicho procedimiento, en aplicación del artículo 16.5 de esta misma ley, deberán levantarse las medidas cautelares que administrativamente se hubiesen podido dictar.

“Estas disposiciones permiten que cualquier persona se libere del cumplimiento de una decisión administrativa, y pueda, con la sola presentación de su demanda, liberarse de decisiones de cierre de locales, o pago de multas, entre otros”, anotó.

El comunicado señala que todo esto se realiza “sin que los jueces, por expreso mandato de la ley, puedan hacer nada para impedirlo”.

Por ello, añade la presidencia, se ha preparado un proyecto de ley para modificar el artículo 23.3, el cual será presentado para su debate y eventual aprobación a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Tras indicar que con esta iniciativa se busca evitar situaciones de abuso e impunidad, se informó que, de ser aprobada la propuesta, será enviada de inmediato al Congreso de la República para que sea tramitado en el más breve plazo.

En diciembre último, la Municipalidad de Lima denunció que distintos comercios de Mesa Redonda podían continuar operando gracias a disposiciones judiciales, pese a que la comuna los había declarado inseguros y los notificó en su momento para que cierren.



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