Jueves, 26 de Diciembre del 2024
La Contraloría General detectó irregularidades en el pago realizado por el Gobierno Regional de Puno para la construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur de Juliaca, lo que generó un perjuicio económico de cinco millones 595 mil soles al Estado.
Tras una acción de control, se determinó que en el 2010 cinco funcionarios del referido gobierno regional dieron la conformidad por el total de los materiales de construcción (cemento, acero corrugado, alambres y clavos) y gestionaron el pago correspondiente a la empresa contratista, pese a que ésta no entregó la totalidad de los insumos.
A la fecha, la construcción del hospital se encuentra casi sin avance físico y paralizado en perjuicio de 27, 139 personas de la zona, aún cuando el expediente técnico de dicha obra indica que debió iniciarse el 22 de marzo de 2010 y culminar el 15 de junio de 2011.
El examen especial precisa que los ejecutores de la obra tenían conocimiento de la capacidad de almacenaje del Gobierno Regional de Puno y, sin embargo, requirieron una cantidad de insumos de construcción que no podía internarse en el almacén de la obra, los cuales no han sido entregados hasta la fecha.
Además, no tomaron en cuenta un cronograma de actividades, compatible con un cronograma de ejecución de obra, que permitiera un requerimiento periódico conforme a las necesidades reales del proceso de construcción.
Tras una serie de indagaciones, la Contraloría determinó que los insumos de construcción no se entregaron, ni se internaron en el almacén de obra.
El informe especial del órgano de control señala que estos hechos evidencian la existencia de indicios razonables de la comisión del delito de peculado doloso y falsedad genérica, por lo que la Procuraduría Pública ha iniciado las acciones legales ante el Ministerio Público contra los presuntos responsables de los hechos
El dato
El examen especial realizado por la Contraloría General al Gobierno Regional de Puno se efectuó en el marco del operativo a nivel nacional “Machu Picchu”, que comprende auditorías a entidades públicas para verificar si las contrataciones, exoneraciones y obras realizadas se gestionaron de manera adecuada y respetando el marco legal vigente.
