Jueves, 26 de Diciembre del 2024
Participaron en comercio clandestino de combustible de avión que ocasionó perjuicio al Estado por más de 4 millones de dólares
Una investigación de la Contraloría General de la República permitió que el Poder Judicial sancione con pena privativa de la libertad efectiva a actuales y ex altos funcionarios de la empresa estatal Petroperú S.A. que fueron hallados responsables del delito de colusión ilegal que devino en tráfico clandestino de combustible de avión, que ocasionó un perjuicio al Estado por más de 4 millones de dólares.
La sentencia condenatoria fue dictada por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima que impuso cuatro años de prisión efectiva a Carlos Emilio Alavedra Franco, ex gerente de Comercialización de Petroperú S.A.; tres años para Jaime Alberto Santillana Soto, ex gerente del Departamento de Ventas de la misma empresa (actualmente en el cargo de gerente Departamento Mercado Externo), y cinco años a Marco Polo Negrón Castillo, representante de la empresa Business Oil Corporation SAC (BOILCORSAC) involucrada en la concertación ilegal en agravio del Estado.
También se condenó a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida a Carlos Wilfredo Ruiz Salomé, ex jefe de la Unidad de Ventas Metropolitanas de Petroperú (actualmente en el cargo de Supervisor Unidades Privatizadas de la Unidad Administración de Inmuebles), así como a los representantes de BOILCORSAC, Eduardo Roberto Mc Bride Quiroz y Carlos Rafael Negrón Castillo, considerados cómplices por el delito de colusión.
La Contraloría explicó que durante las investigaciones, entre los años 2002 y 2004 los ex altos funcionarios públicos se coludieron con los representantes de la empresa Business Oil Corporation S.A. para suscribir contratos que permitieron a ésta última operar como distribuidor mayorista de combustible de avión Turbo Jet A-1, exonerado del pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), pese a que no contaba con los requisitos y haber presentado documentos falsos.
Asimismo, se informó que con la firma del contrato se contravino la política institucional de la empresa estatal respecto a que la venta de combustible de este tipo debía hacerse directamente sólo a empresas de aviación, por lo que este hecho configuró delito de colusión. A esta irregularidad se sumó que la empresa Business Oil Corporation S.A. comercializó a terceros el combustible comprado a Petroperú como kerosene, es decir, para fines distintos por el cual se encontraba exonerado del pago del ISC, lo cual constituye delito de comercio clandestino agravado.
Los condenados han interpuesto recursos de nulidad y el caso será elevado en pocas semanas ante la Corte Suprema.
