Domingo, 24 de Noviembre del 2024
Deudas históricas en relación a los derechos de las mujeres se han mantenido en el 2011 con responsabilidad compartida entre el ex presidente Alan García en los primeros siete meses del año y el mandatario Ollanta Humala en los restantes, al no atender demandas urgentes como la aprobación del protocolo de aborto terapéutico y las reparaciones a las víctimas de violencia sexual en conflicto armado interno (VSCAI), entre otras.
Así se pronunció la institución DEMUS que deploró la resistencia de las autoridades del régimen aprista y del actual Gana Perú -evidenciadas más claramente con la reciente designación de una ministra de la Mujer carente de sensibilidad de género- para reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las peruanas.
“No hay avances para que la maternidad sea resultado de una decisión libre e informada y no producto de una imposición, violencia o impedimento de acceso a métodos incluyendo la AOE; ni muestra alguna en el gabinete para promover iniciativas legislativas orientadas a la despenalización del aborto que atenta contra el derecho a decidir de las mujeres”, afirmó Jeannette Llaja, directora de la organización feminista.
“Es competencia del Ejecutivo promover el cumplimiento de las recomendaciones de las diferentes instancias encargadas de vigilar el cumplimiento de Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por el Estado Peruano[1] que han pedido la revisión de la legislación punitiva del aborto porque vulnera derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Lamentablemente no se ha dado ningún paso en ese sentido”, expresó.
En el 2011 tampoco se dio cumplimiento por sexto año consecutivo al dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso KL, una de cuyas disposiciones es la aprobación del protocolo de aborto terapéutico, legal el Perú desde 1924.
En ese contexto –remarcó- uno de los aspectos más deplorables del año fue la designación de la congresista Ana Jara Velázquez como titular del MIMDES quien públicamente se mostró en contra de la AOE, evadió implicarse en el cumplimiento del protocolo para el aborto terapéutico, sacralizó los embarazos por violación y se mostró a favor de un Ministerio de la Familia.
Añadió que con su nombramiento están en riesgo los avances de su antecesora Aída García Naranjo como el impulso del Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 y el proyecto de ley para asegurar la rectoría de su portafolio en las políticas de igualdad de género, pendientes de aprobación. “¿Se puede confiar en una ministra que antecede sus dogmas de fe a su función pública para defender estas iniciativas en el gabinete?”, se preguntó.
DEMUS incluyó en su balance la vigencia del discriminatorio DS 051-2011/PCM que cierra el derecho a reparaciones económicas a las víctimas de VSCAI que denuncien las vulneraciones vividas después del último 31 de diciembre, cuando muchas de ellas aún no han solicitado su registro; y establece el exiguo monto de S/10.000 por debajo de estándares internacionales.
“Las víctimas de VSCAI llevan 30 años de espera, la falta de voluntad política es débil incluyendo al actual gobierno que anunció medidas favorables”, manifestó Llaja Villena. Son 1,657 víctimas acreditadas que aún no acceden a las reparaciones, a las que se suman otras 428 que sufrieron vulneraciones distintas de la violación sexual, a quienes aún no se asegura este derecho. Añadiò que la reciente integración de la CMAN y el CR[2]al Ministerio de Justicia no evidencia mejoras al respecto pues ni siquiera se ha designado a las personas responsables.
