Gobierno cumple compromiso asumido
– Acreedores de Doe Run toman acuerdo por unanimidad y garantizan empleo de los trabajadores y respeto pleno a la política ambiental.
– Ministro Jorge Merino destaca transparencia y voluntad de consenso para encontrar solución.
La Junta de Acreedores, en el marco del proceso concursal del complejo metalúrgico de La Oroya, acordó hoy mantener en el régimen de administración del complejo minero a la empresa Doe Run Perú (DRP), estableciendo para el efecto una unidad de supervisión, que estará a cargo de la empresa Apoyo Consultoría SA.
En el documento se precisa que la administración deberá, en todas sus actividades, respetar y garantizar los derechos de los trabajadores de la empresa, así como la política ambiental del Estado.
La decisión se tomó por unanimidad, en un ambiente de calma por parte de los trabajadores que llegaron hasta la sede del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, donde se llevó a cabo la reunión de la Junta.
El representante del Ministerio de Energía y Minas ante esta junta, manifestó que, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno, el Estado apoya el reinicio de las operaciones del complejo de La Oroya y el empleo pleno de sus trabajadores.
“Por otro lado tiene el objetivo de respetar y hacer que todos respeten la política medioambiental, considerando asimismo importante que se atienda un nuevo componente, el desarrollo sostenible, propiciando que se desarrollen otras actividades en la zona, tales como la ganadería, agricultura, así como otras actividades de valor agregado como platería y otros, de manera de convertir a La Oroya en un polo de desarrollo”, indicó el funcionario.
Resaltó que el Estado “ha apoyado y apoya la reestructuración en consideración de la importancia social que tiene la continuación de la operación de la planta metalúrgica como fuente de actividad económica y de trabajo para la población de La Oroya, cuidando que se respeten las normas ambientales”.
PROCESO TRANSPARENTE
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, saludó esta decisión y destacó que el proceso se haya desarrollado dentro de un marco de absoluta transparencia y consenso entre los acreedores lo que permitirá el reinicio de las operaciones de una de los complejos mineros más importantes del país.
“En el tema de la reestructuración de esta empresa, el Estado asume su compromiso de velar por el respeto al tema ambiental y social, asegurando el empleo a los trabajadores. Por su posición estratégica, La Oroya podría convertirse en un polo de desarrollo”, manifestó el titular del sector.
El Presidente de la Junta, Diego Calmet, expresó que el acuerdo “es un paso positivo, un esfuerzo maduro que permite encontrar el consenso entre los acreedores, incluido el Estado. Esta es una noticia importante para todo el Perú, para los trabajadores y para las empresas mineras ya que el acuerdo se tomó por unanimidad, con el 96.96% de aprobación y sin ningún voto en contra”.