Sábado, 4 de Mayo del 2024 
La ex ministra brasileña de Medio Ambiente Marina Silva denunció el miércoles que la reforma de la ley forestal aprobada en su país causará deforestación en la Amazonía y pidió el veto de la presidenta, Dilma Rousseff, en medio de reacciones durante la conferencia del clima de la ONU en Durban (Sudáfrica).
“La ley que fue aprobada ayer en el Senado reduce la protección de los bosques, amnistía a los que deforestaron y aumenta la deforestación”, dijo la reconocida ecologista en una rueda de prensa al margen de la conferencia de la ONU contra el cambio climático que se celebra en Durban (Sudáfrica).
“Nos queda la presidente Dilma (Rousseff), que asumió el compromiso -en la campaña presidencial brasileña, hace un año- de que vetaría cualquier dispositivo que supusiese aumento de la deforestación y amnistía a quienes deforestaron. Es un compromiso asumido con todos los brasileños”, añadió la que fue ministra del ambiente del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
“Dilma, para la motosierra”, escribió Greenpeace cuando el Senado votaba la ley, en un gigante cartel luminoso reflejado sobre un hotel donde se desarrolla la conferencia que reúne a más de 190 países en la búsqueda de soluciones al cambio climático. Los ambientalistas también apelaron al veto de la presidenta Rousseff.
“La aprobación de esta legislación hará prácticamente imposible que Brasil alcance sus compromisos presentados en la conferencia del clima en 2009”, cuando el país se comprometió a reducir en 80% la deforestación de la Amazonía, expresó el director internacional de WWF, Jim Leape.
Brasil es el sexto mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta, principalmente debido a las emisiones provocadas por la deforestación.
Esta reforma ha suscitado una gran polémica porque reduce desde el 80 al 50 por ciento la extensión de terreno protegida en la región amazónica y de 30 a 15 metros el radio protegido desde la ribera de los ríos.
El punto más criticado de esta reforma es el que legaliza explotación realizada en las llamadas zonas de protección permanente hasta el 22 de julio de 2008, lo que supone una especie de amnistía para las empresas madereras responsables de su deforestación.
