Lunes, 23 de Diciembre del 2024
El gobierno de Estados Unidos inició esta semana un reordenamiento de las normas de seguridad con las que trabajan las dependencias oficiales que manejan secretos de Estado.
El objetivo es detectar las falencias por las cuales salieron a la luz datos confidenciales del gobierno, puntualmente cientos de miles de cables enviados por sus embajadas.
En este sentido, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB por sus siglas en inglés), Jacob Lew, envió un largo cuestionario el lunes pasado a los jefes de todos los departamentos y agencias del Gobierno con acceso a documentos clasificados. A través de esta estrategia se pretende identificar las fugas que puedan existir en el proceso.
El interrogatorio, que ha sido elaborado por los principales centros de contraespionaje de los Estados Unidos, busca entre otras cosas detectar la posibilidad de que algunos funcionarios descontentos estén filtrando información reservada.
Las autoridades norteamericanas culparon por las primeras revelaciones de WikiLeaks al soldado Bradley Manning, que sigue detenido.
El cuestionario también indaga sobre las aficiones de los funcionarios, las páginas web que visitan, la frecuencia con la que viajan al extranjero y otra serie de circunstancias de carácter privado que, según creen, puedan hacer sospechar sobre su comportamiento.
Con esta medida Obama intenta, al mismo tiempo, anticiparse a la presión del Congreso. Éste iniciará en los próximos días una investigación, con probables audiencias incluidas, sobre el episodio de WikiLeaks y el grado de protección que tienen los secretos de Estado.
Por su parte, las autoridades norteamericanas ya le advirtieron a cientos de personas en todo el mundo que podrían estar en peligro a causa de la filtración diplomática. Hasta el momento, ha ayudado a algunas de ellas a reubicarse en zonas seguras, según la lógica del Departamento de Estado.
