El gobierno de Bolivia promulgó el miércoles el Reglamento de la Ley de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, informó la ministra de Culturas, Zulma Yugar.
En una conferencia de prensa en uno de los intervalos de la reunión del Gabinete Ministerial, las titulares de Culturas y de Justicia, Zulma Yugar y Nilda Copa, respectivamente, dijeron que el reglamento fue elaborado durante tres meses con la participación de representantes de diversas organizaciones sociales y de los medios de comunicación
Con relación a los acápites referentes a los medios de comunicación social, la Ministra anotó que, en caso de violaciones a la Ley, se incluyen sanciones de primer, segundo y tercer grado, pero, en ningún caso, implican clausuras o la suspensión de licencias de funcionamiento.
“Es una reglamentación histórica, no solamente para Bolivia, sino para América Latina, porque se ha construido en forma participativa con los aportes de representaciones ciudadanas”, dijo.
“Se han buscado consensos con la bolivianidad con relación a este tema, que es para resaltar el respeto mutuo y el reconocimiento entre todos los ciudadanos”, agregó.
Yugar anotó que este Reglamento permitirá aclarar con mayor detalle lo que es la Ley mencionada, una vez que propone sanciones específicas para delitos sobre racismo y discriminación en diversos niveles de reincidencia, reiteró.
De esa manera, el Reglamento de la Ley establece una multa de 10 a 150 días a los medios que hayan violado la Ley por primera vez; de 151 a 300 días por reincidencia y de 150 a 360 días de inhabilitación temporal en caso de incurrir en reincidencias, dijo Yugar.
La Ley tiene como objetivos establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
La Ley, que fue promulgada el 8 de octubre por el presidente Evo Morales Ayma, rescata los principios de la interculturalidad, Igualdad de derechos, Equidad, Protección a todos contra delitos de racismo y discriminación.