Martes, 7 de Mayo del 2024 
Luego de una maratónica sesión de trabajo, y a pesar de las objeciones de Bolivia -quien considera que los compromisos adquiridos por los países desarrollados son insuficientes- la canciller mexicana Patricia Espinosa dio por aprobados los dos textos que ya habían recibido el beneplácito del resto de delegaciones.
“Esta es una nueva era de cooperación internacional sobre el cambio climático”, dijo Espinosa, quien más temprano había insistido en que los textos eventualmente aprobados eran “lo mejor que podíamos lograr”.
“He escuchado a cada una de las partes incluyendo, claro está, a nuestros hermanos bolivianos. Pero no puedo, como usted entenderá, ignorar en este momento la visión, la posición y las solicitudes de los otros 193 estados parte. Como resultado, la decisión de la conferencia ha sido tomada”, dijo también la canciller mexicana ante las protestas del delegado boliviano.
Bolivia, por su parte, anunció que va a presentar una reclamación ante la Corte Internacional de Justicia por la forma en que se adoptaron los acuerdos.
Ese acuerdo firmado en la ciudad nipona de Kioto establece los objetivos obligatorios de reducción de emisiones a 37 países industrializados, entre ellos Japón, la Unión Europea (UE), Australia, Canadá o Rusia, entre otros, pero no a Estados Unidos, que nunca lo ratificó ni a China por ser una economía emergente.
El acuerdo logrado en Cancún abre la vía a la creación de un Fondo Verde Climático (GCF, por su sigla en inglés) dentro de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático que contará con un consejo con veinticuatro países miembro.
También reconoce la necesidad de “movilizar 100.000 millones de dólares por año a partir de 2020 para atender las necesidades de los países en desarrollo”.
El documento aprobado permite la puesta en marcha de un sistema de Consultas y Análisis Internacional (ICA, por su sigla en inglés) “de manera no intrusiva, ni punitiva, y respetuosa de la soberanía nacional” que realizarán expertos.
Los compromisos de la primera fase del protocolo implicaban la reducción del 11-16% respecto a los niveles de 1990 para el período 2008-2012, mientras que ahora se propone que se suban a un porcentaje entre el 25-40% en 2020.
